Para establecer si la incursión policial en la embajada mexicana en Quito estuvo justificada o no es necesario recurrir al viejo debate entre derecho y moral, sobre si lo que debe prevalecer es la letra de la ley o el contenido moral que su creador le dio.
Podemos construir un argumento a partir de la “fórmula Radbruch”, según la cual el “derecho extremadamente injusto no es derecho” tal como razonó su creador, Gustavo Radbruch, sobre la necesaria prevalencia de la ley en pro de la seguridad jurídica, excepto cuando se hace insoportable por injusta; en su época, con razón de las excusas que los nazis pretendieron usar para justificar sus atrocidades y ampararse en un eventual cumplimiento normativo.
Aunque nuestras situaciones domésticas definitivamente no se asemejan a las de la Segunda Guerra Mundial, la expresión “insoportable”, como toda palabra, tiene categorías de razonabilidad y semántica que pueden generar diferentes puntos de vista a través del tiempo, según el momento histórico de cada comunidad.
Por un lado, pregunto al lector ¿si considera legal y moralmente “soportable” la desobediencia de resoluciones judiciales y el favorecimiento de la impunidad, en un país plagado de conflictos donde el sistema de justicia tiene serias deficiencias de credibilidad? Y, por otro, ¿qué pasa en los casos del abuso de las prerrogativas diplomáticas y de la normativa internacional que las protege?
El servicio exterior ecuatoriano
Para responder es indispensable recordar la importancia de observar las decisiones de los jueces –sobre todo de las condenas–, por los efectos intimidatorios y de promoción de confianza en el sistema judicial que conlleva el cumplimiento una pena. Y también que las delegacio-nes diplomáticas son inviolables sin excepción, pues representan en territorio a otros Estados y se presume no van a ser utilizadas como guarida de malandros, sino en pro de las buenas relaciones bilaterales y la protección de sus propios nacionales, además que la concesión de “hospedaje” o asilo es una decisión del gobierno de turno, de acuerdo con sus intereses, y no un producto del consenso ciudadano.
Al final, aplicando la norma a rajatabla –sin que quepan valoraciones morales sobre su contenido para generar salvedades– se puede considerar que la actuación gubernamental ecuatoriana fue equivocada, sin embargo, igual dejó en la población un sentimiento de justicia generalizado que reivindica la confianza en el Estado, no en el sistema judicial, pero sí en las actuaciones de un Gobierno elegido democráticamente; lo cual tampoco le deja una puerta abierta para irrespetar los acuerdos internacionales.
Chaim Perelman dijo en su época que “en derecho ningún poder se puede ejercer de manera arbitraria, es decir, no razonable”, pero también aclaró que “lo razonable está ligado al sentido común, a lo que es aceptable en una comunidad dada”, comunidad la cual acaba de juzgar al supuesto infractor en las urnas dándole la absolución con una amplia votación mayoritaria. (O)
