Se puede suponer que el primer objetivo del presidente de la República al nombrar a dos generales en retiro para puestos clave en el combate a la ola de violencia fue dar una respuesta al clamor ciudadano. Es probable que para tomar esa decisión haya considerado que la hoja de vida de cada uno de ellos, en su faceta de militares, podía ser recibida por la ciudadanía como el inicio de la aplicación de la mano dura que ha tomado cuerpo últimamente. Seguramente supuso que colocar a exuniformados en esos cargos podría tener un efecto tranquilizador. Pero, la magnitud y la complejidad del problema de la delincuencia organizada requiere de una estrategia general que no se reduce a la respuesta armada y que entiende a esta como un hecho de múltiples dimensiones. Por ello, es de esperar que el camino que ha decidido tomar el Gobierno vaya más allá del mensaje inmediato que, sin duda, durará unos pocos días si no se materializa en efectos concretos.

Sin poner en duda los valores personales de ambos exmilitares, está latente el riesgo de que esta decisión del Gobierno se constituya en una reducción del problema a la parte más visible de este, que es la violencia callejera, sin atender a su integralidad. Los especialistas en el tema son muy claros al señalar la complejidad de las causas, los procedimientos y los resultados de este fenómeno. Entre las primeras destacan factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades, además del carácter de estructuras económicas transnacionales de los carteles que están en la cúspide del negocio. En cuanto a los procedimientos, destacan la vinculación de esas organizaciones mafiosas con las pandillas previamente existentes en el país. Esta últimas se encargan del transporte de la droga desde las fronteras hasta los puertos y reciben la mayor parte de su remuneración en droga, lo que incentiva el microtráfico, incrementa el consumo interno, provoca disputas territoriales entre ellas y en general alienta a la delincuencia común. El resultado final es la generalización de la violencia como la vemos a diario.

(...) el problema requiere una visión de conjunto, estratégica, no reducida a la táctica de represión...

Pero, además de todo ello, el narcotráfico busca penetrar en las instancias policiales, militares, judiciales y políticas. Según los mismos especialistas, este es el terreno más complejo en el combate, porque se enfrenta a un enemigo que está dentro de la propia estructura institucional y cuenta con los recursos suficientes para ponerla a su servicio. Desafortunadamente, hay evidencias de que esto ya está ocurriendo en nuestro país y que su avance es muy rápido. La vinculación entre política y delincuencia organizada se facilita por la debilidad institucional, la ceguera de la clase política y la aversión a establecer acuerdos en torno a problemas de esta naturaleza. Las apelaciones de muchos de ellos al modelo Bukele, como se vio en la última elección, demuestra la absoluta falta de comprensión del problema (sería conveniente que se preguntaran si los carteles de la droga aceptaron tranquilamente perder una base tan importante como El Salvador o si hubo un acuerdo para reemplazar a la fuerza de trabajo de las pandillas por otra modalidad).

En definitiva, el problema requiere una visión de conjunto, estratégica, no reducida a la táctica de represión callejera. Los dos nuevos funcionarios están obligados a construirla y a ponerla en práctica sin reducirla a la militarización. (O)