La reciente instrucción del presidente Lasso a la empresa pública CFN, accionista por el Estado de Seguros Sucre S. A., para su liquidación, ha motivado el cuestionamiento de que así se inician las privatizaciones del modelo neoliberal, para llevar los seguros del sector público a concursos en que participen compañías privadas de seguros.

En el correato, 2007-2017, se estableció que los seguros públicos debían manejarse por las compañías Seguros Rocafuerte y Seguros Sucre, bajo control estatal, la primera luego fue absorbida por la segunda. Vean en la página de la Función Judicial los procesos en que han demandado a las dos compañías por sus incumplimientos. Lo más publicitado de escándalo sobre Sucre ha sido lo de las transferencias de millones y millones provenientes de las reaseguradoras –cada extensión ‘goteaba’– para cuentas de sus administradores e intermediarios, de que luego habrían participado autoridades de la época, sobre lo que hay procesos y condenados en Estados Unidos, pero falta identificar aún a beneficiarios con rostros ocultos.

Pero no solo fue eso, sino que las adjudicaciones directas –y luego extensiones de estas– llevaron a pólizas mal estructuradas, quedando riesgos sin coberturas, jugando con primas, antedatando vigencias y fechas de suscripción, entre otras infracciones que deben ser materia de auditoría, sanciones y correcciones.

La introducción de improcedentes exclusiones en seguros lleva a que lo publicitado de bienes y servicios asegurados sea falso.

Veamos el caso de la póliza de Sucre n.º 10000114, fechada 14 de octubre del 2017, denominada de “Seguro de multirriesgo”, para cubrir la Central Coca Codo Sinclair.

La extensión vigente que se señala va desde el 31 de enero del 2021 hasta el 1 de agosto del 2021, supuestamente fue firmada el 5 de febrero del 2021; pero, como usaron firma digital, es evidente que la de Cristian Carpio, gerente general de Seguros Sucre S. A., se insertó el 9 de febrero del 2021; y, la de Gonzalo Uquillas, gerente general de Celec –Corporación Eléctrica del Ecuador– recién se insertó el 25 de febrero del 2021,

La información publicitada es que es póliza sobre todo riesgo, pero véase las “condiciones particulares” en las que están las exclusiones –o sea, lo que se queda sin cobertura–:

1) pérdidas o daños o costos por interrupciones generadas por enfermedades infecciosas o contagiosas, o por procesos de desinfección o descontaminación;

2) pérdidas o daños en equipos cibernéticos, en sistemas informáticos, en redes, o en equipos singulares; hardware, o software, cualquiera que sea la causa, sin excepción;

3) todos los posibles daños derivados del fenómeno denominado “erosión regresiva”; y, además, posibles “daños a consecuencia de la crecida de río Coca”, lo que podría significar hasta daños irreversibles en la propia Central.

La prima neta, por los 182 días de vigencia, fue de USD 6′690.638,68 –casi USD 6,7 millones– para una cobertura de USD 3.104′590.155,96 –casi USD 3.104,6 millones– ¿Qué no está excluido en esa cobertura?

¿Está realmente asegurada la central hidroeléctrica más importante del Ecuador y su operación? (O)