Ecuador enfrenta significativos riesgos ambientales y sociales, que han impactado gravemente en su desarrollo económico, salud pública y biodiversidad. Para muestra, las nefastas consecuencias de las recientes sequías e inundaciones. Es obvia, la necesidad de implementar políticas públicas, prácticas industriales, financiamiento público y privado, así como la colaboración de estos sectores con comunidades locales, aspirando a mitigar los riesgos, como tormentas, sequías, terremotos, etc., e impulsar una economía sostenible, donde los recursos financieros para la sostenibilidad ambiental y social no solo sean un cliché, sino un requisito esencial para el desarrollo económico y conservación del ambiente.
Los shocks climáticos han devenido con mayor frecuencia y magnitud, golpeando a los pobres, al fisco e inclusive a instituciones financieras. Entre otros efectos negativos, las arcas fiscales han debido gastar más dinero asociado a riesgos socioambientales, incrementándose las primas de riesgo y pago de seguros, elevándose las necesidades de liquidez de mipymes y ciudadanos, y los créditos morosos han crecido por causa de riesgos climáticos.
Es menester articular una política pública que integre armónica y organizadamente una estrategia de financiamiento externo, que tenga como objetivo la reducción de vulnerabilidades socioambientales de la población ecuatoriana y, a su vez, afecte positivamente una gestión fiscal eficiente. Los recursos de préstamos de organismos multilaterales deberían destinarse mayormente a zonas urbano-marginales para, al menos, incrementar el acceso a infraestructuras urbanas resilientes que se articulen con programas productivos y de financiamiento; recuperar áreas inundables y de deslizamientos; propiciar espacios de vivienda multifuncional; fortalecer y modernizar la institucionalidad pública y local, particularmente, sus procesos de planificación urbana, vivienda, prevención y gestión de riesgos. Lo mencionado buscaría lograr un “positivo maridaje” que reduzca riesgos ambientales, sociales y de inseguridad, así como mejorar la situación económica y social de poblaciones en esas zonas.
Debemos ir más allá de declaraciones y comprometer a los actores privados: vía el impulso generalizado de alianzas público-privadas que doten de información eficiente sobre posibles deudores, para que las instituciones financieras incrementen el financiamiento, articulado con asistencia técnica en terreno, sobre prácticas ambientalmente amigables; incentivos fiscales a procesos de financiamiento que con indicadores demuestren la eficacia en la entrega y ejecución de recursos; promover transparencia y rendición de cuentas con sistemas de medición y gestión del financiamiento; y sistematizar programas de certificación internacional y nacional.
Resulta clave que liderados por el Gobierno las mipymes, instituciones financieras y sociedad avancemos en la profundización de las finanzas sostenibles y, por esta vía, contribuir a reducir el déficit fiscal, transitar hacia un endeudamiento consciente invirtiendo recursos de deuda en “gasto social” e “inversión productiva”, que generen rentabilidad positiva para la sociedad y el ambiente. (O)
