Al bloquear el tratamiento de la Ley de Creación de Oportunidades enviada por el presidente, la Asamblea alimentó los argumentos de la enorme mayoría que la califica negativamente. Cuando tuvo la oportunidad de demostrar que podía cumplir una de sus funciones básicas, la desperdició con justificaciones absurdas. El pretexto de la inconstitucionalidad hace agua por dos lados. Primero, porque al interpretar la Constitución, el Consejo de Administración de la Legislatura se arrogó una función exclusiva de la Corte Constitucional. Segundo, porque el artículo 136, al señalar que los “proyectos de ley deberán referirse a una sola materia”, abre la puerta para propuestas ómnibus como esta, ya que la materia es la economía, aunque en ella se contengan varios temas (como el laboral, el tributario). Además, el procesamiento de proyectos similares en gobiernos anteriores creó jurisprudencia al respecto.

Si la Asamblea hubiera dado curso al tratamiento del proyecto habría abierto el debate sobre los contenidos de este y ya podríamos conocer las diversas posiciones que existen sobre la orientación que debe tomar el país. Con la negativa del CAL, esa posibilidad queda cerrada y el problema se traslada al campo estrictamente político, a la medición de fuerzas que deja de lado los contenidos. El pulseo por la iniciativa política puede volver el calendario a las peores épocas de la pugna de poderes con la consecuente inestabilidad. Pero, lo que la Asamblea no previó es que, al actuar como avestruz, renunció a su condición básica de órgano parlamentario (del verbo parlamentar, con sus sinónimos discutir, debatir) y dejó la iniciativa en manos del presidente de la República. A él le corresponde ahora proponer una solución y para ello tiene cuatro opciones.

La primera es abrir un diálogo con los bloques legislativos para crear un ambiente favorable y volver a enviar el proyecto. Suena bastante ingenuo pensar que van a abrirse a esa posibilidad cuando de hecho tienen bloqueado el tratamiento de la ley. La segunda es desmembrar el proyecto en por lo menos dos cuerpos y enviar uno por uno a la Asamblea. Esto significaría sacrificar la integralidad con la que quiere producir cambios de fondo y esperar por lo menos dos meses. La tercera es someter a consulta de la Corte Constitucional la actuación del CAL y, si la respuesta es que se arrogó funciones, volver a enviar el proyecto. Esta sería la solución más conveniente para el Gobierno, ya que pondría en discusión la carta de navegación que propone para los próximos tres años, pero quedaría a merced de los tiempos de la CC. La cuarta es acudir al artículo 148 de la Constitución, que le faculta disolver la Asamblea y gobernar por un tiempo indefinido con poderes legislativos. Sería la salida más expedita, pero de lo que se sabe, hay temor en el Gobierno por el resultado de la elección que debe hacerse después, como si no fuera una enorme ventaja gobernar durante varios meses por decreto.

Las señales que ha enviado el Gobierno hasta el momento indican que se decantaría inicialmente por la primera opción y solo en segunda instancia por la consulta a la CC. Pero, el resultado de cualquiera de esas será un humanoide construido por una Asamblea que actuaría como un doctor Frankenstein. (O)