En un país sin seguridades, sin instituciones sólidas, sin certezas y desencanto, acechados por los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y la narcopolítica, se torna indispensable luchar porque se respeten los pronunciamientos del pueblo en las urnas y exigir plenas garantías y transparencia en los procesos electorales.
En unas elecciones presidenciales y legislativas tan apretadas, inéditas en primera vuelta, con total predominio de las dos mayores fuerzas políticas polarizadas, se torna indispensable que se garantice en la segunda vuelta el 13 de abril el proceso de votaciones y sus reales resultados.
Garantías y transparencia no sólo en el sufragio, sino luego en el conteo de votos y la posterior proclamación de los resultados porque está en juego el presente y futuro del país, con el fantasma de ir al modelo de la dictadura de Venezuela. Garantías en el respeto a la expresión popular, que durante los últimos procesos han sido observados.
Hace más de 17 años, antes de la llegada de la Revolución Ciudadana al poder, había mecanismos que aseguraban los resultados electorales con la contribución cívica de una institución respetable: las FF.AA. En esa época (presidencia de Carlos Aguinaga en el TSE) existía la cuarta acta, que directamente entregaban los militares y era un respaldo para cotejar y confirmar los resultados en caso de dudas, lo que garantizaba el respeto al pronunciamiento popular.
Más aún hoy con un país polarizado, corroborado en los últimos resultados, en donde los actores finalistas han hablado de presuntas irregularidades y hasta de fraude, que por cierto debieran probar.
No se puede militarizar el proceso, en modo alguno, pero por qué no contar con esta contribución cívica para garantizar el proceso y evitar al menos suspicacias cuando ha habido una disputa muy cerrada, y con ello garantizar los resultados con la entrega de la cuarta acta.
El Ecuador en lugar de avanzar en garantías y transparencia lo que se hizo en la Constitución de Montecristi del 2008 fue precisamente eliminar del artículo 183 que contenía la Constitución de 1998 y que decía que “las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de su integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.
Con ello se excluyó a FF.AA. de su accionar en defensa del ordenamiento jurídico, pero se olvidaron que en el show del 30S, el gobierno de entonces apeló y recurrió al papel de las FF.AA. para evitar la caída del presidente de entonces. Si no hubiese sido por su actuación, simplemente la historia habría sido otra, pero hoy al contrario no querrán que esto ocurra porque son admiradores de la opacidad y la oscuridad hasta lograr sus objetivos por cualquier vía.
Todo fríamente calculado para el futuro y para excluir a una institución, con sesgo ideológico, que ha sido un pilar fundamental no sólo en la defensa de la soberanía y la integridad territorial sino como hubo, antes de la llegada de las novelerías y los sesgos politiqueros del fracasado socialismo del siglo 21, los objetivos nacionales permanentes: integridad territorial, integración y soberanía nacional, democracia, desarrollo integral, justicia social, preservación del medio ambiente. (O)
