La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable remitido por el Ejecutivo por la vía urgente. En su informe de primer debate eliminó el mecanismo de fideicomiso como garantía de repago a los generadores privados por parte de las distribuidoras estatales. Al parecer, se barajó el argumento de que el Estado no está en condiciones de garantizar nada debido a la crisis fiscal.
No obstante, el fideicomiso deberá ser reintroducido en el 2.° debate, porque de otro modo la ley perdería su razón de ser: promover la inversión privada en nuevos proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) –fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, biomasa, hidroeléctricos–, para afianzar el cambio de la matriz energética. Es un mero alcance de la Ley de Competitividad Eléctrica aprobada en enero que igualmente apuntaba a los proyectos ERNC, abriendo la posibilidad de participación privada no solo en generación, sino también en transmisión, distribución y comercialización, además de permitir que la tarifa que se cobra a los usuarios refleje costos reales. Un paso para racionalizar los subsidios tarifarios, cuyo impacto económico ha terminado por colapsar el modelo estatista.
A segundo debate pasa la ley urgente del Ejecutivo para enfrentar la crisis energética en el país
El principal cambio introducido por la nueva ley es que se amplían de 10 a 100 MW los proyectos de generación distribuida, liberándolos del engorroso Proceso Público de Selección (PPS) y permitiendo que la iniciativa privada pueda obtener los permisos y autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en tan solo seis meses. Además, se propone eliminar el límite para proyectos mayores a 100 MW, aunque queden sujetos al régimen de PPS, estén o no en el Plan Maestro de Electrificación (PME) (un avance que permitiría ir liberando al país de su dictadura cuasi socialista).
Anotar que el primer bloque de ERNC de 11 proyectos por 800 MW tiene 10 adjudicados y concesionados desde el anterior Gobierno. Pero el mayor problema que ha detenido su activación es el fideicomiso de garantía de pago por parte de las distribuidoras. Los sindicatos de la Empresa Eléctrica Quito y la Centro Sur, dos de las nueve distribuidoras para estatales que son sociedades anónimas, han presentado recursos de inconstitucionalidad alegando que imponer una prelación de pagos a través de un fideicomiso contraviene su autonomía.
Generada esta inseguridad jurídica, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es un segundo garante del pago, tuvo que trabajar con el BID y las concesionarias una línea de crédito contingente que pueda asegurar la cancelación oportuna de sus haberes por la energía entregada.
La nueva ley debe generar condiciones para que el 2.° bloque de ERNC, que superaría 1.000 MW con una docena de proyectos, pueda coadyuvar al cambio de modelo que ha conducido a la actual crisis. Es clave permitir que la generación privada pueda negociar directamente tarifas con consumidores “no regulados”, esto es, empresas camaroneras, mineras y demás industrias de alta demanda energética. Un primer paso para ir desmontando un monopolio que seguirá interponiendo cortapisas para proteger sus acotados intereses. (O)
