Cuando una ministra decide suspender, inhabilitar, por agradar a su jefe, a su superior jerárquica, la vicepresidenta de la República, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en presencia del ministro de Defensa, llama exvicepresidenta a la que nadie ha destituido, menos la Asamblea Nacional, que es la única que puede juzgarla, cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución, nos encontramos ante un golpe de Estado; las explicaciones posteriores solo cubren de vergüenza a los que las presentan y no los libran de responsabilidades legales. Y este sainete tuvo lugar a una semana de que se reúnan, en Cuenca, los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, que estarán evaluando, cada uno, la conveniencia de asistir. Una conferencia en que el Ecuador puede estar representado por una vicepresidenta elegida por el voto popular y otra designada por el presidente de la República.
Esto no se calmará, a menos que la audaz ministra del Trabajo deje totalmente sin efecto su decreto administrativo de juzgamiento a la vicepresidenta. Decreto que fija el tiempo de la suspensión, que es el del periodo electoral, y se baja a la miseria de suspender la remuneración de la vicepresidenta. La persecución es despiadada. Y aun derogando el decreto la ministra, la cosa continuará, porque ya ha tomado cartas en el asunto la Asamblea Nacional, y ya está en trámite un recurso de protección pedido por la vicepresidenta. Todos los constitucionalistas que he escuchado califican de inconstitucional lo hecho por la ministra.
¿De dónde salió esta animosidad del presidente contra su binomio?
No lo sabemos, solo conocemos que a la vicepresidenta la enviaron a una misión imposible, la de pacificar el Medio Oriente, a terminar el conflicto entre árabes y judíos, lo que no ha logrado el secretario de las Naciones Unidas.
La vicepresidenta, armada de un celular, debía convocar a los pueblos enemigos a reunirse en la embajada del Ecuador. ¡Qué absurdo! Desgraciadamente, ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de la persecución a la vicepresidenta, enviándola de un lado para otro para luego acusarla de incumplimiento de funciones y hacer que la juzgue la otra ministra en este comité ministerial constituido para guillotinarla.
Entre las muchas reformas que deben hacerse a la Constitución, está esta de que el vicepresidente debe cumplir las funciones para las que le designe el presidente. Está bien que le pueda proponer una función, pero no puede ser obligatoria; podría ser que lo nombren director de cárceles, o a conducir el tránsito en cualquier esquina.
Esperemos que esto se solucione pacíficamente.
En esta angustiosa situación que vivimos, la peor que se recuerde, nos buscamos otra por lo que no encontramos otra explicación que caprichos personales, convertido en odio, cuyas consecuencias las sufrimos todos y que puede tener graves consecuencias en el proceso electoral que se avecina, y al que está vinculado. (O)
