Dos hechos ocurridos recientemente demuestran por qué la mafia correísta no puede, no debe, en ninguna circunstancia, volver a ser gobierno en nuestro país. El uno ha sido la decisión de los altos magistrados de la Corte Nacional de anular las sentencias dictadas en contra de unos policías arbitrariamente sentenciados por un supuesto intento de magnicidio durante aquel fatídico 30 de septiembre de 2010. En su inconmensurable narcisismo, el dueño del correísmo alimentó con el poder que ostentaba la ridícula teoría de que ese día se había forjado una conspiración para matarlo y dar un golpe de Estado. Jamás hubo evidencia de semejante disparate. Pero fue un disparate por el cual varios policías fueron enviados a la cárcel luego de un proceso plagado de violaciones legales. El sustento de esta decisión fue una serie de pruebas fabricadas e interpretaciones descabelladas. Los policías se negaron a darle gusto al dictador que les había ofrecido concederles su indulto a cambio de que le pidieran perdón y se arrepintieran públicamente. (Arrepentidos ¿de qué?, si no habíamos cometido delito alguno, le dijeron…). Gente humilde, pero con mucha dignidad, algo que ya se ha perdido en nuestro país. Hasta que hace poco la sentencia fue anulada una vez que se pudieron confirmar las aberraciones que se cometieron durante el proceso. Vidas arruinadas, familias destrozadas, carreras frustradas. Y todo para saciar la vanidad de un individuo.

El segundo hecho ha sido la anulación de otra sentencia igualmente manchada de ignominia. Se trata de la sentencia que había condenado a prisión al exdiputado Galo Lara por un supuesto delito. La severa fiscalización de Lara durante la dictadura, especialmente con respecto a los seguros estatales a través de los cuales se robaron decenas de millones de dólares a vista y paciencia de las autoridades, le valió una brutal persecución disfrazada de un juicio penal. La dictadura no tuvo empacho en forjar nuevamente pruebas y recurrir a los peores abusos –que incluyó caerle a golpes a una mujer hasta provocarle un aborto y negociar con el presidente de Panamá la revocatoria de un asilo– con tal de darle gusto al señorito.

Nunca en el Ecuador habíamos tenido algo semejante. Se forjaban pruebas para condenar a los opositores bajo el régimen nazi de Alemania o fascista de Italia. Y era común bajo la dictadura socialista soviética o bajo las dictaduras del Cono Sur. Pero parece inconcebible que semejante práctica haya llegado a aceptarse en Carondelet. ¿Qué clase de engendro fueron estos individuos que llegaron a este extremo? ¿Cómo es que como sociedad no nos detenemos más tiempo a reflexionar por semejantes atrocidades y parece que vemos estos hechos como simples eventos que nos roban unos minutos de nuestra distraída atención y nada más? Sin embargo, probablemente la pregunta que más nos debemos hacer es ¿cómo así hubo jueces y fiscales que se prestaron para estas atrocidades?, ¿dónde están estos fiscales y jueces ahora?, ¿cómo así llegaron a ocupar esas dignidades? ¿Tenemos viabilidad como sociedad?

Y encima esta gente y sus aliados tienen el cinismo de decirnos que ya no debemos hablar más del dictador, que debemos olvidarlo. Que como tienen una bancada parlamentaria importante no hay que hablar de estas cosas. Increíble. (O)