El Chile de hace seis décadas, como los demás países de América Latina, estaba empobrecido, lo que se reflejaba en sus pequeñas poblaciones. Mientras, como es usual donde no manda el pueblo, el gran capital nacional lucraba en las fábricas, en las tierras y el extranjero especialmente en la minería y los servicios públicos. Las empresas mineras habían invertido en 50 años $ 1.000 millones y ganado $ 7.200 millones. La ITT tenía el 70 % de la compañía telefónica chilena. Esa situación hizo que los tres principales partidos políticos propugnaran la nacionalización del cobre, principal fuente de ingresos del país. Chile estaba maduro para un cambio y eligió al candidato de la Unidad Popular para presidente de la república, Salvador Allende. Pero Nixon era el presidente de EE. UU. y ordenó a la CIA que hiciera “chillar” la economía chilena. Se cometieron actos de terrorismo y sabotaje para impedir la posesión de Allende, llegando a asesinar al comandante del ejército, que se rehusó a apoyar el plan. Era el anuncio del fascismo que llegaría tres años después.

Ya en el gobierno, una vez ratificado “condicionalmente” por el Congreso a pesar de los $ 8 millones invertidos en el complot, Allende emprendió una serie de cambios: La nacionalización del cobre y del salitre, la reforma agraria, educativa, energía eléctrica y agua para todos. El pueblo respaldaba al gobierno: En las elecciones de 1973, la UP consiguió aumentar el número de senadores y diputados y no prosperó la conjura para destituir al presidente. Pero el golpe de Estado estaba en marcha y lamentablemente el gobierno no hizo lo necesario para impedirlo.

Así, una dictadura militar luciferina, con el apoyo del tío Sam, tomó las riendas del país y empezó a detener arbitrariamente, asesinar, torturar, desaparecer. Logró quedarse en el poder negando todo disenso, con un Parlamento y partidos cerrados, prensa comprada, con una Constitución impuesta en un amañado referéndum. Y a hacer negocios para quienes la pusieron (usualmente le llaman “transformación económica): Reducción de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una desregulación general. Los ricos merecen ser más ricos y los pobres… ¡que se la aguanten! Receta de Milton Friedman y los “Chicago Boys”, que aún la repiten sus discípulos. Las escuelas públicas dejaron de serlo después de la tragedia, como nos cuenta Naomi Klein en “La doctrina del shock”. Y negocios para el Augusto supremo: La justicia chilena ordenó recientemente a sus herederos devolver $ 16 millones mal habidos. Mas, después de que el tío ya había usado al régimen del terror, el pueblo empujó la puerta hasta que se vaya. Eso sí el Augusto se quedó como senador vitalicio y jefe del ejército y logró impunidad hasta su muerte, en Chile, en el Reino Unido, en todas partes.

En 1991 el informe Rettig del Estado estableció que en 17 años el club de asesinos había matado y desaparecido a 2.258 personas. El 2010 la Comisión Valech determinó que 40.018 eran las víctimas, 3.065 muertos o esfumados por las manos criminales. Pero ja justicia recién operó después del deceso de Satán el 2006. Y como lo hizo mal, algunos familiares de aquellos acudieron al sistema interamericano de derechos humanos. La CIDH tardó 13 años y 10 meses para rendir informe a la Corte y esta resolvió declarar la responsabilidad internacional del Estado chileno por 44 desapariciones forzosas y 5 ejecuciones extrajudiciales (eufemismo para denominar los asesinatos).

Uno de los demandantes fue el abogado y profesor Alfonso García Franco, por la desaparición forzosa de su hermano José, ecuatoriano como él, quien había llegado a Chile para culminar sus estudios de Medicina. Dos días después del golpe fue llamado, como otros, a que se presente ante las fuerzas de seguridad. Lo hizo y fue detenido. Su esposa, embarazada de él hacía cuatro meses, lo fue a buscar, pero lo habían trasladado a otro sitio, adonde le llevó alimentos cuatro días, sin que le dejaran verlo. El quinto le dijeron que lo habían puesto en una frontera. Dado el terror impuesto por la dictadura, recién a los cinco años posteriores pudo su esposa denunciar el hecho. Luego el juzgado del crimen pasó el caso al militar, que, en virtud de la Ley de Amnistía dictada para consagrar la impunidad, dispuso su archivo. En 1998 la Corte Suprema decidió que no se aplique esa ley en causas de derechos humanos. Reanudado el proceso, se condena a los ejecutores materiales del “secuestro”, no de la desaparición forzada, que recién fue tipificada como delito en Chile en 2022. La pena final fue de prisión por apenas cuatro años, por “conducta anterior irreprochable” y haber aplicado la prescripción media, que la Corte IDH invalidó por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Los criminales gozaron adicionalmente de ¡libertad vigilada! ¡Así defendía el Estado chileno la impunidad, aún después de la muerte de Pinochet! José fue socialista, como la mayoría de las victimas, jóvenes, luchadores sociales.

Alfonso visitó a algunos medios internacionales que recogieron la denuncia del crimen. En Chile, el Comité de familiares de los desaparecidos lo contactó con la viuda de su hermano y su hijo, nacido en 1974. Ambos gozan de una pensión vitalicia que les da el Estado chileno, al igual que al resto de viudas/os e hijos de las víctimas. El 2005 en el aeropuerto de Santiago, detuvieron a Alfonso dos oficiales y lo encerraron en una oficina más de tres horas. Uno de ellos lo insultó: “Eres una rata ecuatoriana”. Les mostró su pasaporte estadounidense, por tener esa nacionalidad desde que dictó clases en EUA y fue liberado. Es la historia de la lucha de Alfonso y su familia. La madre de José se asomaba todas las noches en la ventana de su casa para esperarlo.

Hoy conmemoramos el día internacional de los desaparecidos. Encendamos un cirio por ellos y para que no haya más desaparecidos, aquí, en Chile y en el mundo. (O)