La última controversia entre la Policía y la señora fiscal general del Estado nos deja un profundo malestar a los ecuatorianos, porque demuestra que estas instituciones en vez de trabajar para el bien de los ciudadanos se enfrascan en conflictos innecesarios, en luchas de poder, en intereses particulares que al país no le interesan, en vez de dedicarse a sus funciones específicas, más aún que ni la Fiscalía ni la Policía están cumpliendo a cabalidad sus funciones con una delincuencia que los ha sobrepasado, y para lo cual no se vislumbra solución alguna.

Es inimaginable que la señora ministra fiscal necesite de una medida cautelar para que la Policía Nacional le obedezca o no le cambie el equipo que trabajaba en investigaciones. Si la señora ministra no puede ordenar siquiera que no le cambien los investigadores y la Policía no obedece a sus altas funciones constitucionales, estamos en un caos completo.

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Jamás ha sucedido que la Policía que es “obediente y no deliberante” no acate la orden de la Fiscalía o de los jueces. No sabe acaso la Policía que ellos no son agentes de la autoridad y la fiscal es una alta autoridad del sistema judicial a quien tienen que obedecer o acordar respetuosamente y no declararse en rebeldía o en desacato.

Lo que también sucede es que si bien de acuerdo con la ley los fiscales son los que dirigen la investigación, pero preprocesar en realidad no lo hacen, simplemente mandan un oficio para que investigue la Policía y no intervienen en esta acción. Luego la Policía les informa lo que les parece, sin que los fiscales sepan en realidad qué métodos ha seguido para llegar a conclusiones, sin contar que muchos de esos investigadores, que son generalmente policías de bajo rango, no tienen conocimientos suficientes, están sujetos a influencias, y que en sus manos están nuestra libertad y nuestros derechos.

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El reclamo actual es la señal más clara de que los fiscales no dirigen las investigaciones, porque si así fuera no les importaría que cambien los investigadores, porque ellos instruirían a los nuevos sobre cómo deben continuar con los procesos.

La Constitución en el artículo 195 y el COIP en el artículo 448 señalan que la Fiscalía dispondrá de un sistema especializado integral de investigación, lo que no se ha cumplido. Es indispensable que esta institución tenga su investigación propia con apoyo de la Policía, pero no que solo dependa de esta. Además, este COIP, donde se fortalece el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusativo oral, no debió promulgarse hasta que hubiera todos los elementos humanos y técnicos, laboratorios completos, incluso especialidades universitarias como patología forense, entre otras, porque el fiscal y el juez necesitan elementos técnicos y científicos en la investigación, pero se sigue confiando en versiones o declaraciones testimoniales mentirosas, imperfectas, en informes técnicos insuficientes para juzgar a un ciudadano. Por otra parte, la inmensa acumulación de denuncias en Fiscalía, imposibles de investigar, como consecuencia también de un código imperfecto, hacen que la justicia sea difícil de alcanzar. (O)