Nuestra Constitución establece dentro de los fines primordiales del Estado el garantizar el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos.

Pero creo que uno de los mejores mensajes que los constituyentes dejaron perfilados en materia de seguridad es que la planificación y aplicación de las políticas de seguridad se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno; y esa ha sido una de las enormes deficiencias que hemos tenido en los últimos años, ya que no se han construido políticas públicas en materia de seguridad menos aún con la participación interinstitucional de todos los actores de los distintos niveles gubernamentales como lo son el Gobierno Central con la Policía y las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Función Judicial incluyendo el Consejo de la Judicatura, la propia Corte Constitucional y, desde mí, los gobiernos locales municipales y provinciales ya que la estrategia puede ser distinta entre los cantones.

Uno de los grandes errores del texto constitucional en materia de seguridad dizque para proteger la soberanía fue la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras con fines de colaboración en seguridad como lo era la base de Manta. Hoy lamentamos esa decisión cuando vemos que la soberanía ha sido tomada por la delincuencia organizada nacional e internacional.

Otro error constituyente fue el centralismo en materia de seguridad. Solo para poner dos ejemplos, el Gobierno Central tiene las competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público y el registro de extranjeros y control migratorio, cuando esas tareas –como la seguridad interna y control migratorio– podrían ser compartidas con los gobiernos locales para mayor efectividad. Y sigo, el presidente es la única máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, teniendo las Fuerzas Armadas la misión fundamental de la defensa de la soberanía y la integridad territorial y la Policía la misión de atender la seguridad ciudadana y el orden público. Una de las reformas constitucionales más esperadas justamente es integrar a la misión de las Fuerzas Armadas la participación en la seguridad interna.


Pero sin dicha reforma las Fuerzas Armadas tienen naturalmente enormes responsabilidades y en el contexto actual, por ejemplo, su misión debe estar en el control fronterizo por el norte y el sur; el control migratorio severo en las fronteras en coordinación con la policía migratoria; el control de las pistas aéreas clandestinas y control de los mares para impedir que nuestro país sea un centro de distribución logístico marítimo de sustancias prohibidas, recordando además que constitucionalmente se establece que las personas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad (playas) ni en áreas protegidas. Para todo esto se requiere decisión, no excusas. Ya no hay margen de error. (O)