La tarde del 28 de marzo de 2017, Cristina Palacio Salamea terminaba su jornada laboral y se disponía a ir por un trámite educativo; un excompañero de trabajo, Carlos Flores Santander, la recogió cerca de su oficina y no se supo de ella hasta el día siguiente, cuando Flores Santander se entregó a la Policía, confesó haberla asesinado y luego lanzado el cuerpo al río Cuenca.

Seis días duró la búsqueda de Cristina, y ocho meses el juicio que condenó a 34 años de cárcel a Flores Santander, por femicidio. Ocho meses extremadamente duros especialmente para la madre de la víctima, Sonia Salamea, que ha dejado cientos de horas de desvelo en la implacable búsqueda de justicia para su hija.

Con una sentencia en firme, la familia del femicida optó por “recursos jurídicos” que buscaban dejar ese crimen en impunidad, y al parecer –y por el momento– lo lograron. Gracias a esos recursos el 26 de febrero de 2020 fue trasladado desde el CRS Turi a la cárcel de Loja; luego lo llevaron a la de Azogues el 16 de agosto de 2020; el 29 agosto de 2020 fue trasladado a Santo Domingo de los Tsáchilas, de donde lo retornaron a Azogues el 31 de octubre de 2020.

Cuando se agotaron los “recursos jurídicos”, como la apelación y casación de la sentencia, la familia de Flores Santander concibió una propuesta que terminaría por cambiar el concepto y función de la Cárcel de Azogues con la venia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes, SNAI: 2,5 años después del asesinato, y en la misma vivienda donde Cristina Palacio fue apuñalada 22 veces, se creó la fundación Ama Nacer para ofrecer asistencia a los internos drogodependientes.

“En la última directiva registrada de esta fundación, Alexandra Quintanilla, actual viceprefecta del Azuay, aparece como presidenta y Oswaldo Flores Manzano, como vicepresidente. La primera es la hermanastra de Carlos Flores y el otro es el padre biológico. Además, Iván Cordero Torres, hermano del autor del femicidio de Bertha Minchala, ocurrido en noviembre de 2016, figura como secretario”. La cita corresponde a una rigurosa investigación periodística que recoge el recorrido judicial del caso (lo puede encontrar googleando Ama Nacer, fundación cuencana que se creó para beneficiar a un femicida), elaborada por dos valientes: Ximena Pesántez y Claudia Pazán.

Investigación que evidencia la vomitiva condición de la justicia ecuatoriana: “el femicida aprovechó un recurso de habeas corpus en la provincia de Manabí, ante la jueza de Montecristi, Gina Zambrano… Carlos Flores Santander alegó padecer VIH, pese a que jamás hizo referencia a esto en la mayoría de sus intentos de revisión o nulidad del proceso judicial”. En marzo de 2023 salió libre. No es todo, pues la investigación detalla un último movimiento: Patricio Flores, padre del fugitivo y vicepresidente de la Fundación Ama Nacer, presentó un acta de defunción de su hijo tras un accidente de tránsito en Venezuela. Aunque aparentemente murió en abril, su abogado siguió actuando 5 meses después en el proceso de revisión. No me crea, investíguelo.

En fin. Así vamos. (O)