Un gobernante tiene derecho a reclamar que lo dejen gobernar. En la historia de la humanidad se fue sustituyendo el poder absoluto con el poder sometido a principios y procedimientos –el rey reina, pero no gobierna, una frase que caracterizó la sustitución– en diferentes procesos políticos y jurídicos.
En cuanto a castigos, respuestas o represalias, en su momento fue positivo limitarlos a la condición de “ojo por ojo, diente por diente”, no podían excederse a la magnitud del daño causado quienes los ejercían como respuestas o represalias, luego fue evolución que el castigo solo era de competencia del Estado y bajo procesos normados con derecho a la defensa.
Siempre ha habido interrupciones en las evoluciones citadas, sea por gobernantes que se exceden, argumentando –cierto o no– insuficiencia de las leyes y actuaciones de legisladores, autoridades y jueces, que se acusa traban la exigencia de que dejen gobernar, sea por dictaduras que han asumido ser de plenos poderes. El poder absoluto es proclive al abuso.
En gobiernos que asumen haber surgido de procesos revolucionarios, o que vinculan el poder a condiciones religiosas o a causas ideológicas, todo puede pasar, inclusive depuraciones con ejecuciones. Montan aparatajes de funciones del Estado para coparlas.
Se suponía que Estados Unidos tenía características singulares, al interior un sistema federal, con funciones desagregadas que se respetaban, al exterior un liderazgo que significó apoyo y financiamientos para objetivos y causas, pero también fue proclive a abusar, lo que de hecho significó que hubiera gobiernos no democráticos que protegió. Con Trump, desde el 20 de enero del 2025, la primera prioridad es la visión que tiene Trump de lo que debe ser Estados Unidos, para lo cual usa la herramienta de Órdenes Ejecutivas, al interior y en las relaciones internacionales. Impone condiciones y luego las revisa. Presiona y desafía a la Corte Suprema de Justicia. Temas como la navegación en el canal de Panamá y en el canal de Suez, los quiere reabrir, en términos de garantías para Estados Unidos. Plantea incorporación de Groenlandia y de Canadá. ¿Hasta cuándo habrá línea Trump?
Sin duda, prioridad en el Ecuador es que haya idoneidad en espacios de poder como son el Consejo de Participación y Control Social -CPPCS– y el Consejo de la Judicatura, mientras no haya reforma constitucional, más aún cuando está evidenciado que quien en el Ecuador los vino controlando hacía un manejo indebido para tratar de colocar a los “suyos” en entidades de control y en los concursos de méritos y oposición que dejaban de serlo.
En materia de leyes, bien que el presidente proponga proyectos, pero – aun cuando haya los votos para aprobarlos, que se los conozca en los diferentes sectores y haya pronunciamientos de estos, aun cuando no se los acoja, sustentando él el porqué sobre lo que se decida.
El país votó masivamente por Daniel Noboa, contra los autoritarismos y desplantes de Correa, porque el Ecuador no puede ser un tinglado de títeres. Aspira a que se gobierne en democracia y con soluciones que signifiquen calidad de vida, la mejor forma de garantizar seguridad. (O)
