Cáceres, Carrillo, comandancia, cadetes, cuerpo, crimen, cárcel, crisis. Corte, consulta, Constitución. En el libro Política y justicia en América Latina (2022), Santiago Basabe plantea que la estabilidad judicial es un determinante del crecimiento económico, lo cual “se verifica de forma autónoma a los desempeños de la independencia judicial”.

Para analizar la calidad de la justicia (capacidad de jueces para aplicar herramientas legales, principios y jurisprudencia en decisiones judiciales en las cortes de apelación), Basabe presenta dos hipótesis: 1) A medida que la impunidad en el sistema de corrupción aumenta, la calidad de la justicia tendería a decrecer; 2) A mayor nivel de formación de abogados y jueces habría un efecto positivo en la calidad de justicia.

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Estudia una provincia representativa por grupo (Tungurahua, Imbabura y Esmeraldas), concluyendo que “Tungurahua es la provincia con mayor calidad en la justicia y (…) niveles más bajos de impunidad en el sistema judicial y de mayor formación académica de sus jueces y abogados”. Su antípoda estaría en Esmeraldas, con el peligro –añado– que esto implica en términos de estructuras delictivas y narcotráfico.

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En cuanto a reforma judicial, el académico observa que lo central no es un asunto técnico ni la asignación de mayor presupuesto, sino su comprensión como un evento de naturaleza política que requiere acuerdos en ese nivel y que constituiría el primer paso para moderar los problemas estructurales que enfrentan los poderes judiciales.

Los presidentes políticamente fuertes –anota Basabe– disponen de amplios poderes constitucionales, una bancada legislativa sólida, altos niveles de aceptación ciudadana y suficientes recursos económicos para ejecutar su agenda. Así tendrían la capacidad para influir directamente sobre decisiones de las cortes y no ceder el espacio a la legislatura.

En democracias con bajos niveles de institucionalización, la independencia judicial siempre estará en entredicho, opina el analista. Contamos con presidentes débiles que deben gobernar con cortes hostiles en cuanto a cercanía política (comenté antes los desencuentros del presidente Lasso con el expresidente de la Corte Constitucional), o presidentes con mucho poder político y cortes sumisas.

Basabe subraya que, por más de 30 años de democracia, la injerencia político partidista en la Corte fue constante: 1) Entre 1979-2008, con representación de varias fuerzas políticas y protagonismo del PSC; 2) Entre 2009-2017, la influencia sobre la Corte continuó vigente con la conducción de un solo actor: Alianza PAIS y específicamente R. Correa. Es decir, de una competencia partidista hemos transitado al gobierno de una sola organización política en dicho tribunal.

Dicho esto, ¿cómo se pronunciará la Corte Constitucional (demasiado garantista, para unos; de lujo, para otros) sobre las preguntas y anexos de la consulta ciudadana? ¿Dictaminará el caso como un consulticidio, a la manera del Tremendo Juez en la recordada comedia? (O)