En un programa de televisión al que fui invitado para analizar el proyecto de Ley sobre la libertad de expresión, presentado por el presidente Lasso a la Asamblea, manifesté que lo mejor del proyecto es el poderoso mensaje que representa para el país. Lo dije porque en un sistema como el nuestro en el que la Presidencia de la República es muy poderosa, y muchos funcionarios públicos formaron sus hábitos de contacto y percepción de la prensa de acuerdo con los estándares de la revolución ciudadana, la presentación de este proyecto de Ley simboliza un cambio importante de visión de la prensa desde el poder político: de enemigo a aliado estratégico.

Tratándose de un proyecto de Ley, con seguridad será mejorado, sometido a revisión, modificaciones y debates, que pulirán su contenido. Ello sin perjuicio del veto presidencial en caso de que el producto final no cumpla con las expectativas del Ejecutivo.

Lo más relevante es la eliminación de la calumnia, mediante la derogatoria del artículo 182 del COIP. Si llega a cristalizarse esta derogatoria, el Ecuador se adaptaría a los estándares internacionales de libertad de expresión, en los que no existe la criminalización de la opinión e información. También va a ser necesario introducir la derogatoria de los artículos 512 al 518 que reglamentan el procedimiento para el juzgamiento de los delitos cometidos a través de los medios de comunicación (que suele ser utilizado por actores políticos para amenazar a medios y periodistas).

Será fundamental incorporar la derogatoria de los arts. 307 y 322 del COIP relativos a los delitos de pánico económico y financiero, cuya redacción, muy subjetiva, deja la puerta abierta para que un gobierno poco democrático pueda amenazar a la prensa independiente con ese pretexto, como ya ocurrió en la década de persecución a la prensa independiente.

Lamentablemente, con esta iniciativa no se resuelve por completo el problema de la prensa independiente en el Ecuador, porque para ello hay un tema fundamental que requiere atención de la sociedad democrática: la prohibición constitucional de que los directivos y propietarios de medios de comunicación puedan desarrollar otros negocios en el Ecuador.

Esta reforma incorporada mediante consulta popular por el correísmo, con la evidente intención de asfixiar económicamente a los empresarios periodísticos, impidiéndoles apalancar la operación de los medios con recursos de otras actividades económicas, o de inversionistas privados, justo en tiempos de la transición digital que demanda mucha inversión, es un obstáculo que debe ser eliminado, no solamente por la imperiosa necesidad para una sociedad democrática de una prensa con independencia económica del poder político, sino además, porque representa una discriminación grotesca, en comparación con el resto de actividades empresariales que no tienen tan absurda restricción.

Prohibición constitucional que, mientras la clase política se pone de acuerdo para eliminarla, bien puede atenuarse con la derogatoria de resoluciones de la Superintendencia de Compañías y del ente regulador de radio y televisión, que viabilizaron la prohibición; resoluciones que son inconstitucionales de forma y fondo. (O)