Mayo de 2025 se convirtió en el mes más violento de la historia del Ecuador, con el registro de 915 muertes, lo que equivale a 30 homicidios diarios. En esa misma espiral de terror, de enero a mayo, el guarismo se ubica en 3.939. Por lo tanto, de continuar con esas escalofriantes cifras, al finalizar diciembre, la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes podría superar los 52, reetiquetándolo al país como uno de los más violentos no solo de la región sino del mundo.
Estos números lo que evidencian es el paupérrimo resultado del plan de seguridad implementado por el Gobierno para enfrentar al narcotráfico, el crimen transnacional, terrorismo y delincuencia organizada. Y es que la violencia no se la puede combatir solamente desde el ámbito de la aplicación de la fuerza, a base de estados de excepción, creyendo puerilmente que un problema tan complejo pueda ser contenido solamente con fusiles. La violencia estructural debe ser abordada, de forma integral, sin duda, con el uso del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, pero también con una robusta y permanente política social que otorgue oportunidades a niños y jóvenes que están arrinconados por la pobreza.
El presidente Daniel Noboa ha requerido del pueblo cada vez mayores sacrificios a cuenta de combatir la inseguridad. Recordemos que se elevó el IVA (impuesto regresivo) en 3 puntos aduciendo la necesidad de contar con recursos para enfrentar al crimen y fortalecer la economía. Al final del día no se alcanzó ninguno de los objetivos mayores establecidos.
Esgrimiendo el mismo justificativo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial al art. 5 de la Constitución, a través de la cual se eliminó la prohibición de establecer bases militares en el territorio ecuatoriano, cambio que deberá ser avalado por el pueblo a través de un referéndum. No obstante, la evidencia muestra que la presencia de fuerzas extranjeras no solo que termina agravando el problema (como en el caso de Colombia), sino que también entra en contradicción con la soberanía y el principio de no injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados.
Y siguiendo igual lógica del combate a la violencia y a los violentos, entró últimamente en vigencia la Ley Orgánica de Inteligencia, cuerpo normativo que contiene artículos que inobservan claras disposiciones constitucionales, ya que la entrega obligatoria de información al órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia vulnera lo señalado en el art. 20 de la CRE, que habla sobre el secreto profesional y la reserva de la fuente en el caso de los periodistas; así como lo previsto en el art. 92, en cuanto al derecho que tiene toda persona de conocer del uso que se haga de su información personal, finalidad, origen y destino de la misma. Además, se vulnera el art. 66.21 de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, salvo en casos que haya intervención judicial.
A cuenta de ofrecer seguridad no se podría implementar algo así como un ministerio de la verdad de corte orwelliano, sacrificando la privacidad de la gente, en tanto el Gran Hermano te vigila... (O)
