Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, en una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional llegó a afirmar, sin sonrojarse siquiera: “Desde mi punto de vista como académico que soy de la corrupción, no todas las infracciones electorales equivalen a corrupción, por ejemplo, precampaña para mí, lo siento, no es corrupción”. Esta afirmación llama profundamente la atención, más aún cuando viene de una autoridad que pertenece a una de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social y que tiene entre sus deberes y atribuciones, precisamente, el fomentar los valores en la ciudadanía, la transparencia y la lucha contra la corrupción, conforme se describe en el art. 208.1 de la Carta Fundamental.
Y quizá, el primer paso para combatir frontal y exitosamente a la corrupción, en todas sus formas, consiste, hemos de coincidir, en no tolerar laxitudes semánticas arropadas en forzados tecnicismos o eufemismos a la hora de definir lo que conlleva esa palabra. Y sin entrar en mayores profundidades, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en una de sus acepciones, lo deja bastante claro: “Deterioro de valores, usos o costumbres”.
De ahí que, verbigracia, la violación al Código de la Democracia, con aquello de realizar –por citar– la precampaña, no solo que es una infracción que debe ser sancionada, al provocar distorsiones e inequidades en una competencia electoral, que debe caracterizarse por ser limpia y honesta (en palabras de Samuel Huntington), sino también representa un evidente quebranto en la escala de valores y buenas costumbres, por lo que este deplorable acto de ‘viveza criolla’ debe ser abiertamente repudiado. La corrupción, esa bestia apocalíptica muy propia de una sociedad líquida, cuya cohesión social está pegada apenas con saliva, no solo puede circunscribirse a la esfera de lo público y al uso indebido de sus recursos, sino a todo comportamiento que rompa a dentelladas el débil tejido social, con acciones que debilitan la confianza, el capital social y, en definitiva, los vínculos humanos. De otra manera terminaríamos dándole la razón a ese opaco régimen autocrático - neopopulista con su curiosa tesis del acuerdo ‘entre privados’ para tratar de justificar lo injustificable.
La corrupción no solo que eleva los costes de transacción dentro de una economía, como resultado de las ineficiencias y mutuas desconfianzas entre los agentes, sino que también distrae recursos que deberían servir para atender a los que menos tienen, agravando los niveles de desigualdad, injusticia social e irrespeto de los derechos humanos de una sociedad –en general– obnubilada por el consumismo, el descarte y la falta de solidaridad.
El índice de percepción de la corrupción 2023, presentado por Transparencia Internacional, habla a nivel global de mínimos o nulos avances alcanzados en las iniciativas para enfrentar a este mal. En el caso de Ecuador, con un retroceso de dos puntos, lo coloca al país en una situación bastante incómoda.
Por eso mismo necesitamos gente que entienda los problemas y actúe en consecuencia. (O)
