Bienes ilícitos, lavado de activos, blanqueo de capitales y demás vías con las cuales se financian la violencia y el crimen organizado han golpeado fuertemente al desarrollo económico y crecimiento de América Latina y el Caribe (según el BID los costos directos del problema fueron del 3,4 % del PIB en la región para el 2022, representando alrededor del 80 % del presupuesto destinado a educación).
En Ecuador, de acuerdo con información del Ministerio del Interior, en los primeros meses de 2024 las muertes violentas disminuyeron luego de la declaración de “conflicto armado interno”. Sin embargo, las citadas muertes volvieron a crecer en enero de 2025, observándose 781 homicidios, representando 35,4 % y 31,6 % más que en enero 2024 y 2023, respectivamente; a la vez los homicidios intencionales aumentaron en 63 % los primeros 45 días de 2025.
El recrudecimiento de la violencia y extorsión a las actividades económicas, junto a la incertidumbre política y crisis energética impactaron negativamente en el crecimiento económico del 2024, siendo del -0,4 (FMI); intensificando el círculo vicioso de bajo crecimiento, desempleo, caída de la inversión real en educación y servicios sociales, sectores más vulnerables a ser cooptados por el crimen.
Las acciones del Gobierno para combatir la narcodelincuencia han sido muy relevantes. Pero es imperativo que los ecuatorianos digamos “no a financiar el terrorismo”, estableciendo un “acuerdo nacional”, pues los grupos delictivos requieren de recursos ilícitos para financiar sus actividades. Se necesita consolidar una estrategia nacional y diseñar una política pública, a partir de un diagnóstico integral, definiendo herramientas específicas que armonicen la cooperación internacional, pública, privada e interinstitucional, promueva la educación contra el financiamiento al terrorismo e incentive acciones pragmáticas en poblaciones vulnerables. Además de fortalecer:
A. Acciones proactivas de coordinación entre UAFE, supervisores, SRI, Aduanas, Fiscalía, actores internacionales, entre otros (más allá de mejoras en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos), que pongan énfasis en perfeccionar los procesos de localización, recopilación y tecnologización de datos, para una eficiente investigación y juzgamiento de operaciones sospechosas, diferenciándolas por el grado de riesgo del sector económico al que pertenecen, tipo de producto, canales digitales, naturaleza de transacciones. Acelerando el uso de IA, aprendizajes automáticos en la detección de operaciones sospechosas en instituciones financieras y robustecer las acciones de supervisión.
B. La institucionalidad pública, el combate a la corrupción en el poder judicial, y su capacidad para castigar a delincuentes.
C. Un gasto eficiente y focalizado a partir de indicadores medibles que transparenten las intervenciones basadas en evidencias, logrando apoyo y cohesión social.
De no hacerlo, será muy difícil retomar la ruta del desarrollo, exponiendo al país a sanciones económicas, aislamiento financiero y pérdida de confianza por parte de los mercados e inversionistas. (O)
