Para cumplir su ofrecimiento de que no habrá apagones a partir del 20 de diciembre, y como le han fallado al presidente sus ministros y autoridades energéticas, quienes no han podido conseguir a tiempo equipos termoeléctricos o reparar los existentes, para producir energía adicional para compensar el déficit existente, el presidente ha decidido castigar, penalizar sin culpa, a las siete más grandes fábricas consumidoras de electricidad, cerrando sus operaciones.
Esto tiene unas consecuencias muy graves, y la mayor conlleva terribles consecuencias sociales, pues, al paralizar el sector de la construcción, se le priva a un inmenso sector de trabajadores informales de su principal fuente de empleo. ¿Cuántos trabajadores no fueron contratados este último lunes –que es el día de las contrataciones de mano de obra–, cuando empezó esta draconiana suspensión? Y justo al empezar las navidades, cuando todo trabajador quiere llevar alguna cosa a su hogar, ¡no tendrán ni para un pedazo de pan! Y esto se repetirá los siguientes lunes hasta que se recupere la normalidad en las construcciones. Es que al cerrarse las cementeras y las acerías no hay manera de construir. Así es que no se trata solamente del daño a siete fábricas, lo cual es perjudicial en sí mismo, sino que reducen las posibilidades de conseguir trabajo a millares de personas, a trabajadores sin contrato fijo, regular. Al mismo tiempo, se está faltando a un principio de equidad, pues en tiempos de guerra no debe haber distinciones de ninguna clase: el sacrificio debemos hacerlo todos.
Se ha mencionado que los grandes consumidores deben producir su propia energía, pero, como todo lo que se produce ingresa al sistema interconectado nacional, ¿qué garantía tendrán los inversores de que les proporcionarán automáticamente la cantidad de megavatios incorporados por ellos al sistema? Esta medida discriminatoria actual desalentará a eventuales inversores privados interesados en la producción de energía. Para darles seguridad, debería dárseles una garantía –legal general y directa contractual– de que lo producido por ellos se les entregará, restituirá, íntegramente, como a propietarios que son, sin desvío a otras actividades; tal como ocurre con quien se compra su propio generador para su propio negocio o edificio, que lo usa por todo el tiempo que dure; por tanto, sin reversión al Estado, siempre estarán bien cuidados, revisados, mantenidos.
Decíamos que ministros y funcionarios han fallado; en efecto, no previeron a tiempo el estiaje, y si se enteraron –como era su deber–, no adoptaron de inmediato las medidas preventivas, correctivas, necesarias. Se podrán echar la culpar entre ellos de que no fueron avisados oportunamente, pero tenían la obligación de averiguarlo y que, además, estaba previsto en el Plan Nacional de Electrificación, que no fue aplicado en los tres últimos gobiernos.
Son patéticas las últimas excusas de que los vendedores les han mentido; si es así, ya debían cobrarles las garantías y recuperar los anticipos, que quién sabe en qué manos estarán. (O)
