Mientras la comunidad no acepte que está huérfana de instituciones confiables para sanear a las demás instituciones, tomadas por la corrupción y por asociaciones político-delincuenciales, el tsunami dirigido a cooptar restantes espacios sociales no se detendrá. Para atajarlo urgimos una comisión internacional anticorrupción independiente que haga tal limpieza, hecha por Naciones Unidas o la Unión Europea. Que venga con recursos humanos y económicos propios; especialmente recursos económicos, para no depender del Gobierno de turno. Que pueda trabajar con ayuda de la sociedad civil, como por ejemplo de las organizaciones nacionales, como la Comisión Anticorrupción, el Comité de Derechos Humanos, la Conaie y de la academia.
No obstante esa necesidad, pareciera que “el hacer olas” en ciertos sectores tiene un límite. Es como que no se quisiera remover el fondo. ¿Por qué debe temer la gente decente que venga la asistencia internacional para depurar el sistema judicial? Está a la vista que resistirnos nos ha conducido hasta el foso oscuro donde estamos.
Una comisión internacional de lucha contra la impunidad en Ecuador (CICIE), apoyando la investigación penal –que constitucionalmente corresponde a la Fiscalía–, es extremadamente importante y potencialmente decisiva para eliminar el predominio político y de las organizaciones criminales sobre el sistema judicial. Esa CICIE sería impermeable a sus presiones y sobornos, y actuaría con mayor objetividad e imparcialidad.
Una comisión similar –no exactamente igual, mejorable sin duda– y adaptable a la Constitución, como la exitosa CICIG que funcionó en Guatemala, nos aportaría gran experiencia y las mejores prácticas de otros países en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Con el financiamiento suficiente aportado por naciones del primer mundo, la CICIE podrá colaborar en investigaciones independientes y exhaustivas, sin los límites presupuestarios impuestos por el Gobierno de turno.
Otro beneficio: generaría mayor confianza pública en el diseño de un proceso de reforma judicial y en la lucha contra la corrupción que realiza la Fiscalía. Además, la presencia de una comisión como la propuesta podría aumentar la atención internacional de organismos especializados en reformas judiciales de anticorrupción y en la preservación del respeto a la independencia judicial y los derechos humanos. Se fortalecerá la Fiscalía a través de la transferencia de conocimientos y habilidades en tareas de investigación, tecnologías, formulación de cargos y el litigio penal; además, los fiscales podrán investigar casos sensibles sin el temor a represalias o interferencias políticas, desde que la CICIE provocará un efecto disuasorio a los políticos siempre tentados a influir ilegalmente en el sistema judicial (probado con los casos Metástasis y Purga).
Solicitar a Naciones Unidas la necesaria CICIE podría ofrecerle beneficios políticos potenciales al presidente de la República. Fortalecería su liderazgo y mostraría un firme compromiso anticorrupción. Será más útil que la fallida estrategia anticorrupción de Guillermo Lasso. (O)
