La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que nuestro Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia, y estabilidad laboral de Emilio Palacio y los directivos de este Diario. Asimismo, deja constancia objetiva de la desproporcionalidad de la sanción impuesta de tres años de cárcel y el pago de más de 40 millones de dólares.
Quienes aún están ciegos y sordos como efecto de la incesante propaganda estatal vociferan que libertad de expresión es lo que más hubo en Ecuador entre 2007 y 2017. Se refieren al amplio ancho de banda que hubo para replicar los mantras del partido gobernante y entregar frecuencias radiales como si fueran propiedad privada. No se refieren, ni de lejos, a la libertad de someter a la autoridad al escrutinio público.
Con este fallo, la CIDH ha establecido un precedente sobre lo que se puede publicar en un país pero, sobre todo, a las publicaciones que se deben proteger frente a las veleidades del poder. Es decir, señala a un Estado que no cumplió con las garantías necesarias y, en su lugar, persiguió la difusión de ideas al seguir un juicio por injurias calumniosas tras la publicación de la columna ‘No a las mentiras’.
La información, dice la sentencia, debe garantizarse “incluso cuando esta podría ser considerada como ofensiva e hiriente”. ¿Por qué? Pues porque “el derecho a la libertad de expresión es fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.
Este fallo tiene dos grandes implicaciones para el país. Una, que no habíamos estado viviendo en una democracia sino en lo que ciertos académicos han descrito como un autoritarismo blando, pero autoritarismo a la final. Dos, que el Estado tiene la obligación de examinar la versión oficial de lo que sucedió el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, que es la cuestionada por Palacio y que el juicio en su contra pudo haber querido ocultar.
También hay enseñanzas para la región. La primera, que la libertad de expresión es en realidad frágil, especialmente debido a la falta de garantías judiciales, en nuestros países. La segunda, que el apoyo a ideologías autoritarias, de cualquier tendencia política, es un error, de lo cual no hay ejemplos más claros que la pérdida de elecciones por parte de Andrés Arauz en Ecuador y el reciente fracaso electoral de José Antonio Kast en Chile.
Pero esta sentencia no pone punto final sobre nuestro difícil pasado, sino que establece el punto de partida de lo que queda por hacer. La cortina de humo que fabricó el ofendido y herido presidente solo puede correrse con mayor transparencia en las instancias políticas del país, y una justicia despolitizada y abierta. Para ello, necesitamos que se garantice el seguimiento, control y evaluación de los órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con claros mecanismos de vigilancia ciudadana directa.
Un gobernante que entiende y defiende la libertad de expresión, y por tanto la democracia, aceptará y protegerá la vigilancia de la prensa, pero asimismo deberá indagar sobre su propia gestión y rendir cuentas a los votantes. (O)
