En los últimos años el Ecuador ha sido testigo de un verdadero rosario de atropellos y barbaridades, producto del abuso de nuestro sistema de garantías constitucionales. Una de las debilidades principales de este sistema era su carácter difuso: todos los jueces de primera instancia, sin importar dónde estuvieran o cuál fuera su materia, eran también “jueces constitucionales”, por lo que tenían el poder de dictar las poderosas “acciones de protección”, los “habeas corpus” y los “habeas data”, mecanismos que gracias a jueces corruptos se convirtieron en la herramienta para que narcos y políticos sin escrúpulos hagan y deshagan lo que les venga en gana. Fue para ponerle fin a esta anarquía que la pregunta “C” propuso crear una sección especializada de jueces que tuvieran competencia exclusiva y excluyente en materia constitucional, propuesta que ganó con 60 % de los votos.
Ahora bien, pese a lo trascendental que era esta pregunta, esta fue poco discutida y el anexo que la acompañaba era sorprendentemente vago.
En ningún lugar se indicaba cuál iba a ser la estructura de estas judicaturas ni cómo sería su funcionamiento. Este misterio perduró hasta hace unos pocos días cuando el Sr. Álvaro Román finalmente hizo público el modelo que se tiene pensado implementar. La noticia, sin embargo, ha caído como un balde de agua fría a los que ejercemos la profesión jurídica, y ha dejado a muchos preguntándose si quizá el remedio va a ser peor que la enfermedad.
En vez de tener jueces constitucionales en cada ciudad o provincia, el modelo propuesto consiste en crear cinco distritos judiciales con 43 jueces para Unidades Judiciales y 48 para Salas Especializadas. El problema salta a la vista apenas realizamos una sencilla operación matemática: al año en el Ecuador se presentan aproximadamente 20.000 acciones constitucionales, por lo que a cada uno de estos jueces le tocará resolver alrededor de 460 casos por año. En efecto, como el propio Sr. Román indicó, se espera que a cada uno de estos jueces les lleguen entre dos y tres nuevos casos por día. No hay que ser abogado para darse cuenta de que eso será una tarea titánica, difícil de cumplir, incluso por los jueces más diligentes y trabajadores. El resultado es más que predecible: la justicia constitucional, lejos de ser un mecanismo ágil y expedito para proteger los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos, se convertirá en un auténtico pantano donde los casos agonizarán durante meses, quizá incluso años, antes de ser resueltos.
La razón por la que se propone un modelo que desde ya está condenado al fracaso es obvia. Con un presupuesto apretado, el Gobierno ha tomado la decisión de poner estas reformas en un segundo plano, sin entender que una justicia eficaz es tan esencial para el desarrollo de un país como la luz y el agua potable. Hasta que esa lección no sea aprendida estaremos condenados a fracasar como nación. Sin embargo, nada está en piedra aún, y el Gobierno puede todavía proponer un modelo que de verdad atienda las necesidades de todos los ecuatorianos. ¿Tendrán la valentía de hacerlo? (O)
