La República Popular China promulgó su nueva ley de seguridad alimentaria, a la que le agregó la sugestiva palabra absoluta, forma clara de definir la prioridad que el Comité Central del Partido Comunista asigna a las acciones gubernamentales, que desemboca en el sector agrario, definido como eje de su política, al poner en primer lugar la alimentación segura de calidad y permanente para su pueblo, luego de haber comprobado que fue la forma eficaz de salir de una pobreza china anquilosada, paulatinamente abatida en las últimas décadas, paralelamente con el mantenimiento de índices estables del crecimiento económico, con prudentes importaciones y aceptación vigilada de las fuerzas del mercado.
Las bases fundamentales que sustentan la ley son el cuidado, conservación y recuperación de suelos degradados por inadecuadas labores de cultivo, uso exagerado de fertilizantes nitrogenados y pesticidas contaminantes que transformaron las tierras de labranza en eriales improductivos. Zonas enteras calificadas como acidificadas o alcalinizadas serán reconvertidas en áreas cosecheras mediante el empleo masivo de insumos biológicos en los que tienen activa intervención los microorganismos del suelo neutralizadores de índices elevados de metales pesados y salinidad; es decir, aplicando tecnologías resultantes de años de investigación y mejoras de su ecuación alimentaria para una población que equivale a la quinta parte de la del mundo con solo disponer de un diez por ciento de tierras cultivables, respondiendo a la presión política interna de nutrir al pueblo con producción propia y supliendo el déficit con mínimas importaciones.
Defensores y opositores del puerto peruano Chancay
La remozada postura ha tomado fuerza por los obstáculos que han caracterizado la actividad agrícola china por impactos del cambio climático, previniendo, además, el comportamiento que podría tener la nueva administración estadounidense y la reactivación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que aumentarían las dificultades de abastecimiento de comida. El desafío es la reconversión de alrededor de seis millones de hectáreas inutilizadas o abandonadas por los granjeros en favor de la migración a las ciudades. Esa forma de recuperación de tierras ha permitido incorporar en corto tiempo 133.000 hectáreas, rescatadas de la alta salinidad, transmutadas en aptas fuentes alimenticias.
La ley otorga mucha atención al desperdicio de alimentos y reitera la importancia de la producción de semillas y de germoplasmas en general y, para las tierras con los problemas señalados, el mejoramiento de plantas para volverlas tolerantes a la sal y empleo de microorganismos adaptados a ella. Ejemplo para naciones que tienen a la agricultura como base del crecimiento, con acciones de cuidado al suelo agrícola, fuente de vida. De allí la necesidad de mantenerlo sano, razón para que la legislación ecuatoriana dedique artículos concretos para que el Estado se obligue a su conservación y rescate de los averiados, como lo preceptúa la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en varios de sus artículos, dignos de ser considerados por los políticos que aspiran a dirigir un país agrícola como Ecuador. (O)
