El premio nobel de economía Milton Friedman sostenía que la verdadera carga del Estado sobre la economía no es lo que recauda en impuestos, sino “lo que el Gobierno gasta u obliga a otros a gastar a través de mandatos”. La verdadera cuestión no es cómo el Gobierno financia hoy el déficit, sino por qué llegó a tenerlo y cómo podríamos reducir el gasto para que las próximas generaciones no tengan que pagar –ya sea vía impuestos más altos, un crecimiento reducido o una mezcla de ambas cosas– por las decisiones de aquellos que administraron irresponsablemente el dinero de otros.
Otro premio nobel de economía, James Buchanan, en conjunto con Richard Wagner explicaron en su libro Democracia en déficit (2000) que tener un déficit fiscal conlleva un gran costo de oportunidad:
“El financiamiento del déficit en el gasto público podría ‘desplazar’ la inversión privada, con el resultado previsto de que la tasa de formación de capital en la economía se verá reducida significativamente a través del tiempo. La expansión del endeudamiento público para financiar el déficit en el presupuesto representa una demanda mayor de fondos prestables... La utilización de ahorros por parte del Gobierno para financiar su déficit desplazará la utilización de los ahorros por parte de la inversión privada”.
Para ilustrar esto, consideremos las cifras actuales: hasta junio de 2025, el sistema financiero privado del Ecuador tiene una cartera de créditos de $ 47.657 millones, y el Gobierno tiene una deuda pública interna que llegó en diciembre a alrededor de $ 33.000 millones. Esto implica que el Gobierno acapara una gran porción de los fondos prestables. El ahorro de los ecuatorianos, ya sea el depositado en bancos o en el IESS, que debería ser canalizado a inversiones que generen un mayor nivel de crecimiento, está continuamente siendo devorado por el fisco.
Como este proceso de destrucción de capital no se ha detenido desde que se profundizó el modelo estatista de desarrollo a partir de 2007, al fisco ya no le basta el ahorro nacional y también se vale del financiamiento externo, razón por la cual la deuda externa llegó a $ 49.500 millones a fines de 2024. Nótese que sumando estas dos grandes cifras la deuda llegó a $ 82.500 millones o 70 % del PIB.
Buchanan y Wagner explicaron que, además de desplazar la inversión privada, lo que suele ocurrir es que se desplaza el ahorro y se reduce el stock de capital.
Ellos sostenían que “una nación no puede sobrevivir con instituciones políticas que no reconocen frontalmente el hecho esencial de la escasez: es simplemente imposible prometerle más a una persona sin reducir aquello que se les ha prometido a otros. Y no es posible aumentar el consumo hoy, al menos sin aumentar el ahorro, sin tener menos consumo mañana. La escasez es realmente una realidad de la vida, y las instituciones políticas que no confrontan este hecho amenazan la existencia de una sociedad próspera y libre”.
El presidente debería empezar por tratarnos como adultos y reconocer ese simple hecho: no hay plata para un modelo de crecimiento financiado con inversión pública. A Milei no le ha ido mal con ese discurso y con las correspondientes medidas para reducir el tamaño y la intromisión del Estado en la economía. (O)
