Sabotaje y terrorismo fue la fórmula que utilizó Rafael Correa para acallar las voces de protesta, sin que haya cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y peor de la Corte Constitucional, pruebas al canto:

En el libro La revolución malograda, de Mónica Almeida y Ana Karina López, señalan: “Los dardos oficiales se dirigieron contra la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori Abarca (Pachakutik). ‘Terrorismo y sabotaje’ fueron los delitos penales escogidos por Carondelet, amparado en el decreto de emergencia, para convertirla en la protagonista de la violencia. Llegó a Quito la primera semana de diciembre de 2007, encadenada de pies y manos; una imagen violenta a la que el país no estaba acostumbrado. La ‘vieja chiflada y loca’, según las palabras de Correa, permaneció nueve meses en la cárcel, no se benefició de la amnistía de la Constituyente otorgada a los otros detenidos de Dayuma”.

¡Prohibido olvidar!

En diciembre de 2018, un fragmento del informe de la Comisión por la verdad y la justicia dice: “Estado represivo. La Constitución del Estado autoritario tiene sus antecedentes en las acciones de militarización y represión en contra de los habitantes de Dayuma en el año 2007, en las acusaciones de sabotaje, terrorismo y detenciones de defensores de la naturaleza, derechos humanos y activistas sociales, en las localidades de Nabón y Tenguel, en el 2008; al igual que en Molleturo, San Miguel de Conchay, Cotopaxi, Morona Santiago, en el 2009, año el que fue asesinado en medio de la represión estatal el dirigente indígena y del magisterio Bosco Wizuma, primera víctima mortal en el gobierno de Correa”.

La década del correísmo analizada

“A partir de 2010 ingresan nuevas empresas, una ecuatoriana: Empresa Nacional de Minería, Enami, y la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, chilena. La comunidad exigió que se realice la consulta previa para habilitar la exploración, tal como manda la Constitución. Con el fin de desarticular la resistencia –según informan los comparecientes a la audiencia–, a través de la Secretaria de Inteligencia, Senain, se identificó a los principales líderes comunitarios y posteriormente se les iniciaron procesos penales por los que se los privó de la libertad. En el caso Intag, tres líderes: Javier Ramírez, Silvia Quimbango y Marcela Méndez fueron acusados de “terrorismo y sabotaje”.

Rafael Correa confía en que su sentencia ‘se derrumbe’ cuando la Revolución Ciudadana llegue al poder, según entrevista de diario El País

(...) tiene sus antecedentes en las acciones de militarización y represión en contra de los habitantes de Dayuma...

La agencia de noticias peruana Servindi, identificada con los movimientos indígenas, en junio 30 de 2010 publicó un reportaje con el título “En escalada represiva Correa acusa a líderes indígenas de terroristas”. “Según la Fiscalía de Imbabura, los principales implicados en los disturbios son los dirigentes Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari; y Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI)”.

“En 2013, las dirigentes indígenas Patricia Gualinga, Nema Grefa y Margot Escobar, entre otras, fueron acusadas de terrorismo y sabotaje”.

Por haber identificado a las bandas narcocriminales como terroristas, las organizaciones que mantuvieron un silencio cómplice ahora ponen el grito al cielo. (O)