La agenda del Gobierno prioriza ganar competitividad, lo que atraerá más inversión, empleo, prosperidad. La tarea está encomendada al Ministerio de la Producción, que puede avanzar en algunos frentes, aunque no en todos. En primer lugar, podar la frondosa tramitología.

La pérdida de competitividad causada por la necesidad de cumplir con trámites innecesarios, esperar autorizaciones superfluas y pagar la frondosa burocracia solía compensarse bajando nuestro nivel de vida con una devaluación. Hoy la dolarización preserva nuestro poder adquisitivo, por lo que no podemos permitirnos trámites innecesarios. El MPCEIP tiene que suprimir los unos y simplificar los demás.

Los aranceles deberán caer, a cero los de insumos y materias primas, y a niveles discretos los de productos terminados, para que los inversionistas opten por negocios en que el Ecuador es competitivo y no en aquellos que son rentables por la protección. La búsqueda de acuerdos comerciales es parte de este objetivo: bajar aranceles a la vez que se consigue que nuestros socios comerciales reduzcan los suyos a nuestros productos.

Hay que eliminar el ISD y cumplir con la disposición que hay que devolverles a los exportadores lo que han pagado en impuestos, para lo que hay que superar la resistencia del Ministerio de Finanzas.

En la Asamblea se privilegia proteger a la producción de aquello en que no somos competitivos, lo que no se puede exportar, castigando al consumidor, que no puede adquirir el producto extranjero más barato. Hay que hacer lo contrario; el Ministerio de Agricultura y la banca, tanto privada como el nuevo Banco de Fomento Productivo, deben redirigir la inversión hacia productos rentables. Algunos empresarios ya lo hacen; hay un gran incremento en la producción de pitahaya, cuyo mercado crece a pasos agigantados. Se amplía la demanda mundial de aguacate y arándanos, en cuyo cultivo destaca el Perú. Es perjudicial la alta protección a soya y maíz para balanceados. Eso aumenta el costo al consumidor del pollo y carne de cerdo, fomenta el contrabando y eleva el costo de alimentar al camarón. A los maiceros y soyeros que no puedan producir sin protección, hay que encaminarlos a otros cultivos a la vez que se baja gradualmente el precio de sustentación.

En lo energético, no se puede esperar más en solucionar el problema del combustible. Hay que concesionar la refinación, y hasta que no se pueda entregar combustibles de producción nacional, que cumplan con normas internacionales, mejor exportar el crudo e importar derivados que producir combustibles mediocres.

Le electricidad está en emergencia, ante los daños estructurales más serios de los que se conocía en la central Coca Codo, así como en otras que aún no se receptan, por la mala calidad de la construcción. Corremos el riesgo de apagones, mientras que la electricidad nos sale cara por tener que pagar la ineficiencia y corrupción.

Hay más: ampliar la red eléctrica a las zonas camaroneras; se demora la concesión de la gran solución vial que conectará El Oro y Azuay con los puertos de Guayaquil, conocida como quinto puente; la pavorosa inseguridad; las normas laborales que desalientan el empleo. En esto último hay que vencer la resistencia de los reaccionarios, que se autocalifican de izquierda. (O)