Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. El acceso a un servicio y cobertura de calidad, en materia de salud, es un requisito indispensable para la tranquilidad individual y de la familia. Le corresponde al Estado proveer ese derecho en su totalidad. No obstante, los seguros particulares de salud son requeridos por gran parte de la población como una alternativa ante lo incompleto que resulta el servicio público.

Dentro de los seguros privados de salud, los que cuentan con cobertura nacional son los más solicitados, y cada vez hay más empresas y planes entre los cuales escoger. Puede pensarse que si se cuenta con un seguro de salud, se puede estar tranquilo frente a cualquier emergencia o consulta médica, por costosa que esta sea. Lamentablemente, eso dista de lo real en la mayoría de los casos.

Los seguros médicos nacionales se han vuelto un dolor de cabeza tanto para los usuarios (pacientes) como para sus proveedores (médicos). La actitud de las aseguradoras, en general, es como si quisieran evitar asumir el compromiso de cubrir los costos de salud correspondientes. Cada vez son más las exigencias, los trámites, los reparos, la burocracia. Es muy común escuchar del paciente: “Por favor, póngame en la receta un diagnóstico que el seguro me reconozca”. Muchas veces, en beneficio del paciente, los médicos tenemos que redactar el diagnóstico de tal manera que las aseguradoras no pongan reparos sin sentido. Los seguros médicos cuestionan los diagnósticos, los exámenes que se solicitan y, a veces, hasta los tratamientos.

¿Quién ha dicho que los trastornos psiquiátricos no son enfermedades orgánicas y que no merecen cobertura? ¿Quién ha dicho que medicinas como los ansiolíticos o antidepresivos son de exclusivo uso en psiquiatría? Por citar un ejemplo: el dolor, síntoma frecuente y común en casi todas las especialidades médicas, requiere muchas veces el concurso de medicación antidepresiva para su tratamiento. ¿Sabrán las aseguradoras que la terapia con toxina botulínica se inauguró con indicaciones médicas antes que cosméticas? Da la impresión de que las empresas aseguradoras carecen de auditores médicos preparados y actualizados.

Entre las múltiples exigencias al paciente, las recetas deben tener escrito un diagnóstico que concuerde con la medicina que se ha indicado en ella. Si son varias las medicinas (porque hay varios diagnósticos), varias tendrán que ser también las recetas. Los informes médicos no se quedan atrás: llegan a solicitarse como si se dudara del diagnóstico, del paciente o del médico. Lidiar con toda esa tramitología (característica ecuatoriana) consume tiempo y agota a ambas partes.

Las empresas de seguros médicos deberían ser conscientes de que las enfermedades no se inventan. Deberían reconocer que los síntomas sí existen, aun cuando sean ocasionados o agravados por un trastorno emocional. Los problemas de salud mental cada vez son y serán más frecuentes, y requieren protección y cobertura como una enfermedad más. (O)