En el país hay que estar conscientes, al menos quienes razonan y piensan en el futuro de hijos y nietos, de la violencia que se vive y que se avizora, no solo por acción de los grupos delincuenciales organizados transnacionales y el narcotráfico, sino también por aquellos que están vinculados a la narcopolítica y que buscan el poder a como dé lugar, sin importarles la vida de la gente, a la que dicen defender.
Conforme se acerca la definición presidencial en la segunda vuelta del 13 de abril próximo, los días son más inciertos por las amenazas que han hecho y que se han concretado desde comienzos de año con el aumento de muertes y de actos violentos.
Tan grave es el momento que se vive, en medio del conflicto armado interno, que están sembrando terror con la violencia que generan en medio de la disputa electoral, al punto que autoridades denunciaron el cometimiento de sabotajes, algo muy grave, como el ocurrido en el oleoducto que transporta el petróleo y que contaminara ríos y el agua que llega a los hogares aledaños a estos hechos.
Subsiste la advertencia que hiciera el periodista investigador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del 2023, en el sentido de que el futuro del país está en juego y existe el dilema si triunfa la mafia o la patria, gran interrogante que tiene en vilo al país. No hay otra alternativa política en esta definición en las urnas, entre la delincuencia o la sobrevivencia del país.
Para llegar al poder usan todas las herramientas lícitas e ilícitas y generan interrogantes alrededor de ciertos actos de violencia que se han cometido y que pudieran sobrevenir en estos días de campaña para sembrar miedo en los electores para que se sometan a la coerción que hacen.
No fue gratuito lo que se presume que hicieran en la primera vuelta y que fuera denunciado por autoridades militares y policiales al máximo organismo electoral, que se vio obligado a prohibir el uso del celular y otros dispositivos móviles en el momento de sufragar. Con ello se busca evitar las coerciones provenientes no solo desde el ámbito delincuencial, sino también desde el laboral o político o cualquier otro tipo de relación de poder que se pueda ejercer sobre los electores.
Esta decisión generó reacciones en un país donde solo se invocan los derechos, pero poco o nada se habla de las responsabilidades de los ciudadanos, que en algunos casos hacen el juego a la delincuencia y al movimiento político que pugna por llegar al poder.
Esta resolución no contempla prohibición a los delegados de las organizaciones políticas, representantes de medios de comunicación y a los observadores nacionales e internacionales que podrán registrar imágenes y videos de la jornada de votación y todo el proceso de escrutinios.
Lo malo del momento que vive la nación es que hay un segmento de la población que no entiende la situación crucial actual y que no dimensiona sus consecuencias, que siguen enceguecidos a quienes mañana serán sus propios verdugos por la situación a la que están conduciendo, con las advertencias propias de echar abajo la dolarización, que tanto defiende la mayoría de ecuatorianos, con la imposición de una “dolarización a la ecuatoriana”, que no representa nada porque el único dólar válido en Ecuador es el americano. (O)
