Evolucionar, de manera no necesariamente voluntaria, de empresas de desarrollo tecnológico a empresas de comunicación y publicidad. Esa es una posible solución al desolador momento que atraviesa la comunicación digital, cuando miles, millones, se refugian en el anonimato que tan fácilmente permite, para hacer daño, mucho daño a las audiencias ávidas de información útil.

Un cambio de ordenamiento jurídico surgido de recientes debates intelectuales y especialmente judiciales, en torno a las redes sociales y a las empresas que las facilitan a millones de usuarios en el mundo. Podría ser el antídoto tan ansiado a la irresponsabilidad absoluta con que actúan muchos de los internautas, a través de sus perfiles ocultos, identidades falsas, memes y la gigantesca proliferación de fake news, término en inglés que etiqueta a las noticias falsas.

‘Fake news’ electorales

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Un juez supremo de Brasil expuso recientemente tal teoría, la solución a estos “males”, desde su visión y yo la escuché con atención. Dice Alexandre de Moraes que la evolución de las empresas tecnológicas acaparadoras y facilitadoras de un contenido que la mayoría de las veces no es de producción propia, se viene natural al ser las que manejan actualmente el mayor volumen del dinero publicitario del mundo, por tanto son ya empresas publicitarias y como tal corresponsables de lo que se dice a través de ellas.

(...) vemos pasmados la facilidad con la que ahora se hacen afirmaciones que no evidencian sustento alguno...

La manipulación digital en tiempos de elecciones: consumimos noticias sin contrastar ni verificar

De Moraes habla desde la experiencia, aunque eso, me queda claro, no garantiza ecuanimidad: es el juez que lleva el caso de comunicadores de extrema derecha que lanzaron fake news en favor del presidente Jair Bolsonaro en su país, y expresa también su convicción de que constituciones como la brasileña, y muchas del mundo occidental, no son permeables a que la libertad de expresión contenga libertad de agresión o de incitación al odio. Encargado también de sancionar los disturbios ocurridos en Brasilia en enero de este año, desde los contrarios a un nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, recuerda haber emitido una orden judicial para que las plataformas digitales vigilaran contenidos que estaban siendo grandes protagonistas de los hechos políticos, y recibió solo la respuesta de TikTok que le aseguró haber cancelado 10.442 videos desbordados de fake news e incitación a la violencia.

Pero tan supremo como el juez brasileño y su sesuda propuesta, es el riesgo de que en esa transformación se instale la censura indiscriminada, interesada y hasta posiblemente tarifada, en plataformas ahora de consumo masivo, sobre todo entre los más jóvenes. Que el remedio sea peor que la enfermedad en materia de manipulación, tergiversación y sesgo.

Quienes hemos dedicado la vida a la comunicación vemos pasmados la facilidad con la que ahora se hacen afirmaciones que no evidencian sustento alguno, que no miden los efectos inmediatos o mediatos que puede ocasionar el poder de esas palabras, cuya potencia se mide en el tamaño y lealtad de audiencias de dimensiones a ratos incalculables.

La buena noticia en todos estos escenarios es que cada vez se debate más sobre la responsabilidad de la palabra dicha, ahora en forma de data electrónica. Y que la libertad, no por libre, se dé licencias libertinas. (O)