Llegó para apoderarse del debate nacional. Hace a un lado a las elecciones seccionales para ocupar el centro de la escena. Una nueva medición de fuerzas entre el Gobierno y la oposición. Y los votantes obligados a reflexionar para posicionarse del lado correcto de la historia.

Hay quienes piensan que la consulta es intrascendente y que no resuelve ninguno de los problemas de fondo del país. Aunque también se la puede saludar bajo el criterio de que responde a dilemas de gestión en materias de seguridad, representatividad y medioambiente, que necesitan del paquete de reformas formulado.

La lista de ocho preguntas puede generar insatisfacción, al no incluir alguna que se considera de importancia fundamental, pero como conjunto refleja la visión del Ejecutivo sobre una serie de obstáculos que, de superarse, permitirán mejorar las condiciones de gobernabilidad en función del interés general. Puede advertirse que la consulta popular se ajusta a las limitaciones del capital político del régimen, que deja a un lado contenidos que podrían ser demasiado polémicos. Se apuesta al Sí en paquete, como una forma de ratificar el mandato del presidente Guillermo Lasso al promediar la primera mitad de su periodo.

Es muy oportuno introducir la pregunta para impedir que se incremente de 137 a 152 el número de legisladores en la Asamblea Nacional, limitándolos a 100. Más que suficiente en la medida que guarde el equilibrio poblacional/regional del país. Será una forma de castigar la conducta de la actual Legislatura desestabilizadora y diezmera, que, en el marco de una supina mediocridad, solo busca satisfacer mezquinos intereses personales o de grupo.

Enmendemos la Constitución

Sorprende la incorporación de dos preguntas sobre el futuro del CPCCS, al que se le quitaría la potestad de elegir a las autoridades de control, que pasaría a la Asamblea Nacional, y, a la vez, cambiando su actual sistema de elección mediante voto popular, que es un craso error. Lo lógico hubiera sido una sola para suprimir este Consejo de control ciudadano del poder político, que en la práctica es apenas una desprestigiada e inútil comisaría. Restándole su principal atribución quedará como un membrete pomposo cuyo mutis será una vergüenza menos para la patria.

Se hubiera esperado la propuesta de normas que permita limitar el abuso flagrante que se viene dando con la acción de protección y habeas corpus, para facilitar la libertad de delincuentes sentenciados por casos de corrupción y narcotráfico, entre otros, a través de jueces de pacotilla; pero, al parecer es un tema que pasa más por la vigilancia de la jurisprudencia que crea las sentencias de la Corte Constitucional; y, de otra parte, por la falta de sanción ejemplarizadora del Consejo Nacional de la Judicatura.

Lo de instaurar la figura de la extradición, actualmente prohibida, es un paso adelante en el combate al narcotráfico/narcopolítica que permitirá a las autoridades nacionales disponer de una espada de Damocles para combatir al crimen organizado.

Parafraseando a Montalvo en su obra póstuma Geometría moral, el mundo –y por tanto el Ecuador– tenderá a funcionar siempre mejor desde el Sí que con el No. (O)