Ninguna cartera de Estado tiene tantas atribuciones como el Ministerio del Ambiente, al que se han agregado sucesivamente varias responsabilidades hasta convertirlo en un gigantesco portafolio denominado ostentosamente del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con tantas competencias y obligaciones que difícilmente podrá cumplirlas, transformándolo en unte burocrático acosado por urgencias, alertas rojas y emergencias, corriendo riesgos de tornarse improductivo. Es la máxima autoridad ambiental, carga la dura tarea de enfrentar las consecuencias del cambio climático, de cuyos efectos no se duda, obligándola a desplegar acciones concretas para la adaptación y mitigación de sus impactos, como señalan los objetivos que motivaron su creación.
La administración del agua, tanto para el consumo humano como para riego, es una de sus fuertes obligaciones, con deficiencias y reclamos acumulados que los esfuerzos para satisfacerlos serán titánicos en un escenario carente de recursos, mientras persisten las ausencias de lluvias, agobios por altas temperaturas y sucesivos incendios en las áreas rurales con destrucción de activos naturales y daños a los suelos agrícolas, atentando a la producción y a la proclamada soberanía alimentaria. Tiene a su cargo, además, la transición ecológica, frase compleja e imprecisa, pero con amplio contenido filosófico, clara connotación política y grandes alcances porque involucra cambios radicales de los deteriorados estatus ambientales y humanos, sujetos a una estricta evaluación de resultados con dos indicadores fundamentales: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU y la huella ecológica según el Global Footprint Network. Por tanto, no es como se supone la mera migración de energía eléctrica consumidora de combustibles fósiles hacia las sustitutas renovables como la solar, eólica, geotérmica y otras.
En ese panorama, la designación de la doctora Inés Manzano Díaz como ministra del Ambiente es un acierto, es una profesional de indiscutible credibilidad, robusta trayectoria conservacionista y garantía de conocimientos. Por otro lado, fue lógico que asuma por delegación del jefe de Estado la presidencia del COE, máximo organismo de respuesta a los desastres naturales que perturban al Ecuador e impactan a los sectores productivos y sociales, pero tiene pendiente el cumplimiento de decisiones de anteriores comités ligadas a la detención y combate de enfermedades como el Fusarium R4T y el moko bacteriano de banano y plátano, de enorme importancia económica y laboral, que esperan el soporte económico ofertado para robustecer entidades como Agrocalidad e Iniap, básicas para liberar de esos males a las predichas musáceas comestibles.
Por el prestigio de la ministra Manzano, se tiene la certeza de que recibirá total apoyo político y económico y se le dará al COE el nivel que le corresponde para el éxito de sus múltiples prerrogativas. Se espera, además, que ambos concedan apertura a las sugerencias de la sociedad civil organizada, como los gremios profesionales, en tanto que será fundamental la coordinación con los organismos descentralizados inmersos en gestiones similares. (O)
