Se cumple un año de uno de los más abyectos ataques terroristas contra la población civil israelí en su propio territorio que terminó con el asesinato de más de 1.000 personas y la captura de 251 rehenes, perpetrada por Hamás desde el territorio ocupado de Gaza. Un año también de la más feroz contraofensiva israelí contra la población palestina que se tenga memoria desde 1948, año de la partición del territorio palestino dictaminada por las Naciones Unidas. La cifra de muertes palestinas supera ya las 40.000 personas, 16.000 de ellas menores de edad, además de los más de 10.000 desaparecidos entre los escombros. No hay justificación ni para la violencia con la que actuó Hamás el 7 de octubre, pero tampoco para la arremetida israelí que ha irrespetado principios básicos del derecho internacional humanitario.
La tragedia mayor es que ni el sistema internacional representado en Naciones Unidas, ni la potencia más importante del planeta –Estados Unidos– han podido hacer algo ni siquiera para imponer un cese al fuego o, por lo menos, para hacer cumplir principios fundamentales humanitarios como protección a la población civil, garantías contra centros de refugio, atención médica y acceso a alimentos o vituallas. No ha habido fuerza humana que lleve al actual gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu a respetar los clamores de la Cruz Roja Internacional o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Por su parte, el gobierno demócrata de Joe Biden ha tratado de justificarlo todo, seguramente temeroso de que –a la menor muestra de debilidad en su apoyo irrestricto a Israel– el Partido Republicano tome la delantera en las elecciones dada la cercanía de Netanyahu con Donald Trump y su yerno judío. Apenas el viernes, Reuters publicó una serie de correos del 8 al 28 de octubre del año pasado en los que altos funcionarios desde el Departamento de Estado hasta el Pentágono advertían a la Casa Blanca de que tenía que hacer algo para detener la excesiva agresión israelí en Gaza, porque estaban ad portas de “una tragedia humanitaria de inconmensurables consecuencias”. Ahora que la devastación se ha extendido a Cisjordania y el sur del Líbano, un conflicto de proporciones que incluya a Irán y tal vez Siria e Iraq no está lejos.
El veto anula las acciones de paz
Se trata, sin duda, del conflicto más difícil de resolver de la historia moderna, con muchas oportunidades perdidas solamente en los últimos 30 años. Pero es necesario reconocer que la extrema derecha israelí y particularmente el gobierno de Netanyahu se han convertido en el principal obstáculo para cualquier proceso de paz, desde que pusieron en marcha el plan de ocupar ilegalmente territorio palestino en Cisjordania, Jerusalén y Gaza expropiando, desplazando y acosando a los habitantes palestinos y extendiendo abusivamente las líneas de por sí injustas establecidas después de su victoria contra la Liga Árabe en 1967. Es la única forma de deslegitimar grupos extremistas como Hamás e Hizbulá, cuyo caldo de cultivo y reclutamiento es la sistemática injusticia y marginalización del pueblo palestino que acogió después de la Segunda Guerra Mundial a los perseguidos por el nazismo. (O)
