En las últimas semanas, el país se ha conmocionado por noticias lamentables como el suicidio de un estudiante en Guayaquil, presuntamente víctima de bullying escolar y otro joven con dificultad de aprendizaje, también ha sido acosado por compañeros. En Quito, una estudiante fue brutalmente agredida en unas escalinatas y en otro colegio, un alumno habría disparado un arma de fuego. Los maestros se quejan por falta de respeto y amenazas constantes.
Estos casos ya no pueden tratarse como incidentes aislados, son parte de un fenómeno incubado en silencio dentro del sistema educativo, bajo un falso proteccionismo de derechos. Las instituciones se encuentran hoy desarmadas legal y operativamente para actuar con contundencia, se les ha reducido la capacidad de acción y ya no pueden aplicar sanciones disciplinarias efectivas. Incluso en situaciones graves –como el porte de armas, drogas o la comisión de actos reiterados de indisciplina–, los estudiantes no pueden ser separados del colegio sin un dilatado proceso en oficinas del Distrito, cuyas decisiones llegan tarde, mal o nunca.
Se ha confundido la protección al estudiante y el derecho a la educación, con una suerte de impunidad escolar, donde todo se tolera y nada se corrige. En sus casas, los padres pusilánimes temen a sus hijos.
Deterioro académico vs. violencia escolar
Frente al clamor ciudadano y la presión mediática, el Ministerio de Educación ha anunciado medidas de actualización de protocolos, devolución de facultades sancionadoras a las autoridades institucionales y autorización a la Policía Nacional para ingresar a las escuelas y colegios cuando sea necesario. La decisión es correcta, pero todavía insuficiente, es necesario ir más allá de los controles reactivos. Revisar mochilas o permitir el ingreso de uniformados no resolverá por sí solo este problema de fondo.
Se necesita una reforma estructural que abarque, al menos, las cuatro bases del sistema, como las patas de una mesa: 1) La escuela debe volver a ser un espacio donde existan normas claras y consecuencias concretas. Recuperar la autoridad y rigurosidad académica; reforzar la formación en valores y disciplina, no desde el castigo, sino desde la convicción de que formar ciudadanos exige límites, todo derecho tiene su contrapartida en un deber y todo acto trae una consecuencia. 2) La autoridad educativa debe reformar normas para establecer mecanismos ágiles para la separación o reubicación de estudiantes con conductas reiteradas de violencia o desajuste grave. No se trata de castigar o excluir, sino de proteger al resto de la comunidad educativa y permitir que el estudiante con problemas reciba atención especializada. 3) Los padres deben asumir la responsabilidad de los actos de sus hijos menores de edad en la casa y fuera de ella. 4) La sociedad. Entendiendo que la violencia juvenil es problema de todos y debemos contribuir a una cultura de paz, con disciplina, orden y respeto.
La educación como base de todo
El sistema educativo no puede seguir siendo rehén de una visión parcial del derecho, donde solo se habla de garantías, pero no de responsabilidades. El derecho a la educación debe garantizarse, sí, pero en condiciones de respeto, seguridad y dignidad para todos. (O)
