Al ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los más altos organismos mundiales y máximo latinoamericano, que la sentencia expedida en el proceso penal del caso Diario EL UNIVERSO, por violatoria a estos derechos, sea borrada de los archivos oficiales judiciales y administrativos ecuatorianos, desnuda internacionalmente la corrupción judicial implantada en el Ecuador por Correa, que le sirvió de medio para acallar a los medios y la libertad de prensa, mediante una justicia incondicional a su servicio, con la creación e integración del Consejo Nacional de la Judicatura como matriz, director y encubridor de la corrupción.

El Estado ecuatoriano como demandado ante las evidencias procesales judiciales tuvo que reconocer que en el proceso penal se violaron algunas garantías constitucionales —también incluidas en la Convención Interamericana— por parte de los jueces de las diferente instancias, por consiguiente, el fallo contiene un pronunciamiento acerca de que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, del principio de legalidad, las garantías judiciales y la protección judicial, entre otros, con el deber de respetar y garantizar los derechos, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno a las que debe sujetarse.

La ausencia de independencia e imparcialidad en el Poder Judicial, y demás violaciones, específicamente, en cuanto a las relacionadas con las condiciones de este caso, reconocidas por el Estado ecuatoriano, violatorias de su derecho interno, constituyen actuaciones dolosas de los magistrados judiciales, declaradas previamente por una máxima judicatura internacional, conforme a las expresas normas expedidas por la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Serían suficientes para sancionar a los jueces involucrados con destitución e incluirlos el procurador en la reparación económica ordenada al Estado.

La sentencia es de imperativo acatamiento constitucional para el Ecuador y más aún para el Consejo Nacional de la Judicatura. La reparación económica, próximamente puesta en marcha por el procurador general del Estado, con pago previo a las víctimas en un proceso contencioso administrativo, mas el Consejo Nacional de la Judicatura permanece en un silencio inexplicable ante la gravedad de las infracciones relatadas en la sentencia, sujetas al ámbito de su competencia. Hasta ahora, no obstante el paso de los días, permanece impasible ante la aplicación de las sanciones que estaría obligado a imponer a los que aún se encuentran en funciones.

La justicia ecuatoriana quedará lesionada para siempre local e internacionalmente, y constituiría una burla a la ciudadanía que, mientras el Estado es sancionado vergonzosamente a reparaciones judiciales y al pago de una reparación económica, sus responsables directos continúen indemnes, beneficiados y protegidos, como antes por quienes los designaron, demostrando aquello que aún persiste para los suyos en el Poder Judicial la oscuridad protectora de la década sombría, y que ahora, a pesar del tiempo transcurrido, en cuanto a la corrupción en la administración de justicia, bien podríamos estar peor que en aquel entonces. (O)