El capítulo más reciente se desarrolló ayer al mediodía en Manta. Las instalaciones de la Fiscalía del importante puerto manabita fueron atacadas a bala.
Fiscalía de Manta cerró sus puertas y mandó a funcionarios a teletrabajo luego de atentado
Afortunadamente no hubo víctimas, más allá de daños materiales. Sin embargo, no es el único embate que han sufrido servidores judiciales en Ecuador.
El 17 de enero pasado fue asesinado el fiscal César Suárez, quien investigó la violenta incursión de un grupo terrorista a TC Televisión (2024), corrupción en hospitales públicos, el conocido caso Metástasis (2023), un millonario desfalco en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (2021), entre otros.
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El fiscal César Suárez, asesinado en Los Ceibos, investigaba el ataque armado en TC Televisión
La naturaleza del trabajo del ministerio público pone en riesgo a sus servidores y por ello se viene demandando seguridad para el desarrollo de sus indagaciones a grupos delincuenciales.
El fiscal Suárez fue victimado este año, pero en el 2023 hubo otros ataques mortales: en junio fue asesinado el fiscal del Guayas Leonardo Palacios y en octubre, el fiscal de Babahoyo Genaro Reascos.
Asesinan a fiscal Leonardo Palacios luego de salir de una audiencia de juicio, en Durán
Y la fiscal general de la nación, Diana Salazar, ha denunciado estar amenazada de muerte, pero el detenido por esta causa se fugó.
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Es justo el pedido que desde la Fiscalía se hace a las fuerzas del orden para que se garantice la seguridad del personal que trabaja en la institución a nivel nacional. El país necesita que se ejecuten investigaciones con transparencia y honestidad para que haya real acceso a la justicia y quienes se dedican a ello tienen que sentir el respaldo del Estado.
Fiscalía General del Estado espera una respuesta del Gobierno para contratación de seguros de vida
El 25 de enero, durante su informe de labores, la fiscal Salazar reveló que aún espera una respuesta del Ministerio del Trabajo respecto a la norma que regule la contratación de seguros de vida para los servidores públicos con alto riesgo de esa institución.
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Es preciso que estas demandas tengan respuestas. Los ciudadanos aspiran a un trabajo pulcro de los servidores fiscales y ellos y sus familias, la garantía de laborar con seguridad. (O)
