La necesidad de un Sistema Nacional de Inteligencia planteado como un organismo para mapear y rastrear al crimen organizado es innegable. El pasado 10 de junio la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos la Ley Orgánica de Inteligencia, que lo incluye, mientras voces críticas advirtieron que la normativa amenaza el derecho a la intimidad.
Aunque el texto legal haya pasado el segundo debate, el Gobierno, que defiende la propuesta, debe escuchar y si hay temas puntuales por revisar y perfeccionar, el reglamento o un veto parcial son eventuales oportunidades si hay decisión política. Oír es una virtud que las autoridades tienen la obligación de adoptar, más allá de las tendencias, en el afán de optimizar el servicio a la ciudadanía.
Asamblea Nacional aprueba Ley de Inteligencia con 77 votos
En el campo político la oposición rechazó la ley con el argumento de que permite el acceso a datos personales sin orden judicial, mientras el oficialismo se mantiene en que el texto respeta el derecho a la intimidad.
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Antes de la aprobación el experto en seguridad Mario Pazmiño advertía que “algunos artículos del proyecto muestran la peligrosa tendencia de convertir al ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia en un órgano que no solo coordina y supervisa, sino que ahora también pretende ejecutar operaciones de inteligencia y contrainteligencia”. Aclara que la función del ente debe ser estratégica no operativa.
Es indiscutible que una inteligencia trabajando para evitar que se concreten ataques de los grupos de delincuencia organizada evitará dolor, pérdidas humanas y económicas. Sin embargo, no deben quedar dudas sobre la transparencia y dirección con que se intercepte llamadas o documentos como parte de sus operaciones encubiertas con la nueva norma.
La situación de inseguridad obliga a las autoridades a tomar medidas potentes y en ese contexto nadie puede oponerse a órganos que le hagan frente, pero no hay espacio para fallos que desconfiguren el propósito que la población aspira: un Ecuador de paz. (O)
