El 26 de febrero, un seguimiento de la Policía Judicial a un asunto de armas de fuego dio por casualidad con 16 tortugas juveniles de Galápagos vivas y 55 caballitos de mar disecados. Todo estaba en una casa en el barrio del Centenario de Guayaquil.

Es el más reciente hallazgo de especies provenientes de las islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad. Las sanciones por tráfico, comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre no atemorizan a quienes atentan contra la naturaleza.

Policía rescató 16 tortugas de Galápagos de un inmueble ubicado en el barrio del Centenario, sur de Guayaquil

2,6 toneladas de desechos se recolectaron en limpieza costera de sitios remotos de Galápagos

El pasado 31 de enero, la Fiscalía General del Estado confirmó la condena a tres años de prisión dictada contra un hombre por un delito contra la flora y la fauna, tras la desaparición de 123 crías de tortugas gigantes del centro de crianza Alfonso Tupiza de la isla Isabela. El robo había ocurrido más de tres años antes, el 27 de septiembre de 2019.

En ese caso el Tribunal también dispuso una multa de diez salarios básicos, enajenación de bienes y cuentas bancarias por $ 4.000 y una reparación integral de $ 669.000 al Parque Nacional Galápagos. Los quelonios tenían como destino China.

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Las especies protegidas requieren de mejores métodos de control porque la delincuencia utiliza todo tipo de estrategias para traficarlas. En junio del año pasado se descubrieron en un barco que zarpó desde Galápagos a Guayaquil 84 tortugas terrestres gigantes y 5 iguanas terrestres amarillas. El mismo 2022 el Ministerio del Ambiente reconoció que a nivel internacional en redes sociales se hacían ofertas de venta ilegal de iguanas rosadas de Galápagos.

La difusión de las sanciones que constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es una opción como medida de disuasión para quienes pretenden entrar a ese mercado negro. Las normas de conservación de especies protegidas también deben ser conocidas, como cultura general, todos estamos en la obligación de preservar nuestra fauna. Y corresponde a las funciones del Estado revisar la legislación para evaluar su eficacia o si no se está aplicando con la rigurosidad que exige el cuidar el planeta que es de todos. (O)