Esta no ha sido una semana difícil para Durán. Es positivo que se generen acciones contra la delincuencia organizada y en ese marco la Policía Nacional aseguró que entidades públicas prestaban sus servicios de manera ilícita a una peligrosa organización narcodelictiva.
Se hicieron allanamientos al Municipio del cantón, en las oficinas del Cuerpo de Bomberos y en la Autoridad de Tránsito de esa localidad y se detuvo a 23 personas por supuestos nexos con la banda Chone Killer, a 20 se les dictó prisión preventiva. De entre todas las acusaciones causa estupor que el órgano policial haya informado de un contrato suscrito por el cabildo este año con una empresa en la que son accionistas la esposa y la hijastra del líder de la organización de delincuencia organizada que el Gobierno incluyó en la lista de las consideradas terroristas en un decreto de inicios de 2024.
El alcalde de Durán, Luis Chonillo, reitera que heredó “una administración con serios problemas e infiltraciones del mundo delictivo”, no niega la existencia del contrato, pero señala que “las empresas que participan en concursos de compras públicas obtienen su habilitación por parte del Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública).
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Los tentáculos de la corrupción y de las organizaciones delincuenciales han alcanzado a diversas entidades. Por ello, es imprescindible que las investigaciones y acciones sean efectivas.
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El alcalde Chonillo compromete su colaboración y advierte que “lo que pasa en Durán, Superintendencia de Compañías, Sercop, notarías, entre otras, es apenas la punta del iceberg de un mal que afecta al país entero y que tiene ramificaciones muy complejas”.
Las declaraciones deben tomarse como una alerta más para que los órganos de control y justicia investiguen en todos los estamentos la filtración de narcodelincuentes. Durán y todo el país deben limpiarse de lacras que delinquen y siembran el terror e invaden las instituciones que están para servir a los ciudadanos. (O)
