El presidente Daniel Noboa planteó la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para el periodo que iniciará el 24 de mayo. La ejecución merece reflexión en medio de una crisis económica que es uno de los mayores retos para el régimen.

El Observatorio de la Política Fiscal estima que para este año el déficit público podría ser superior a los $ 5.500 millones y aunque en las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana, elaboradas por entidades internacionales, hablan de recuperación, esta es muy cauta. Con ese contexto, el Ejecutivo adoptará medidas y dentro de ellas tendría que considerar si la convocatoria a una asamblea constituyente, que causará elevados costos, puede sustituirse con reformas y enmiendas.

Esta es la ruta hacia la asamblea constituyente ofrecida por el presidente electo Daniel Noboa

Evidentemente la Carta Magna vigente no ha dado los mejores resultados. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo esta semana que deberán conversar con el mandatario para armar la logística y hacer presupuesto para un posible evento electoral de ese tipo.

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En el caso de que el régimen lo decida, no es un solo llamado a las urnas, porque primero será una consulta popular para que la población resuelva si habrá asamblea constituyente. Con una respuesta positiva vendrá una elección de asambleístas constituyentes y posteriormente se deberá aprobar o negar el texto que se elabore. Todo esto representa costos.

Consejo Nacional Electoral empezaría el viernes a entregar las credenciales a los nuevos 151 miembros de la Asamblea Nacional

El presupuesto de la última asamblea constituyente de Montecristi fue de $ 25,6 millones para seis meses, pero se extendió por ocho. Sin contar los llamados a las urnas.

En un país en crisis, el Gobierno tendrá que sopesar si un plan de reformas y enmiendas de alto alcance, tras ser debatido con seriedad por los nuevos asambleístas, tendrá un efecto similar al que busca con una asamblea constituyente.

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El desmontaje

Sin duda se requiere el compromiso del Legislativo para tratar con seriedad el planteamiento del Ejecutivo y los cambios tendrán que someterse a consulta de la población, pero con un menor costo económico y de tiempo. (O)