El Consejo de la Judicatura (CJ) ha detectado el archivo de 202 expedientes disciplinarios, en Guayas, sin cumplir el debido proceso. Se conoce que por esta causa 31 funcionarios y exfuncionarios estarán expuestos a procesos administrativos.
Es preocupante que quienes son parte de la Judicatura estén inmersos en irregularidades y el tema tendrá que tratarse con transparencia para no seguir afectando la frágil confianza en la justicia.
El pleno del Consejo decidió la investigación el 18 de marzo pasado. El organismo de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial tiene la obligación de actuar con celeridad, rigor y pruebas para proteger la institucionalidad.
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Entre las falencias identificadas en el análisis de los 202 expedientes habría irregularidades en el debido proceso, como falta de notificaciones oportunas, plazos procesales incumplidos o no registrados correctamente, ausencia de documentación esencial en varias etapas del procesamiento, falta de diligencias mínimas de la fase probatoria, falta de motivación en las resoluciones y archivo del expediente sin abrir la etapa de prueba.
El anuncio de procesos administrativos es un buen primer paso para la purga que se requiere en los organismos de justicia, pero no pueden quedarse en un paso sino avanzar hasta, en el mismo debido proceso, dictaminar y dar explicaciones al país y que no haya una generalización, ya que con toda seguridad también existen funcionarios probos que cumplen su labor con eficacia y honestidad.
A la par de Guayas se ha anunciado análisis en el ámbito disciplinario en Manabí, Loja y la Amazonía. Se entiende que habrá indicios de irregularidades en esas provincias y la región mencionada y es correcto que se indague para dilucidar cualquier hecho.
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Pasar la lupa por las instituciones no debe ser motivo de alarma. Si se cumplen las funciones de manera adecuada no hay motivo de preocupación para los funcionarios, al contrario, mostrará donde se labora de forma transparente. (O)