El plan de gobierno de un binomio presidencial es la hoja de ruta que plantean los candidatos para enfrentar los problemas estructurales del país, como la inseguridad, el desempleo, la falta de generación de puestos de trabajo de calidad, la pobreza o la ausencia de condiciones mínimas para impulsar la inversión local y extranjera.
El escenario político del Ecuador ya se viene configurando con el anuncio público de 17 precandidaturas presidenciales. Algunas de estas reflejan cómo las organizaciones políticas acogen figuras que eran parte de otros partidos y movimientos.
El Instituto de la Democracia tiene previsto capacitar a los actores políticos en la forma como deben presentar estos planes, aunque el trasfondo de estos lineamientos, que pasan por establecer el tipo de política impositiva, el ajuste del gasto público acorde a los recursos existentes y lo que se decidirá en torno a subsidios al diésel y al gas, por ejemplo, ya debería estar definido previamente dentro de los partidos y movimientos.
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Los candidatos presidenciales tienen la responsabilidad de clarificar las acciones que tomarán para que los ciudadanos escojan la opción que mejor consideren.
El artículo 97 del Código de la Democracia es claro. Los candidatos y candidatas deben presentar un plan de trabajo junto con el formulario de inscripción.
Es obligatorio incluir cuatro ejes: diagnóstico del país, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual con las estrategias y propuestas de acuerdo a la dignidad por la que participan y la forma como rendirán cuentas de su gestión.
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Finalmente, estos planes, que son un requisito para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) apruebe las candidaturas, se convierten en una herramienta de decisión, pero también el compromiso que asumen con el Ecuador los postulantes que se inscriban.
Acudir a las urnas es la base fundamental de un sistema democrático que requiere fortalecerse en momentos en que el país enfrenta la arremetida del crimen organizado y una crisis económica. (O)
