Por Andrés Sarzosa Especialista de Sostenibilidad de CERES
En los últimos años, se ha vuelto cotidiano escuchar en los noticieros sobre olas de calor, sequías extremas en algunas regiones del planeta y, en otras, lluvias torrenciales que provocan grandes pérdidas económicas y humanas. Todos estos desastres suelen atribuirse al cambio climático. El término ya forma parte de nuestro lenguaje diario, pero aún está lejos de traducirse en la acción necesaria para enfrentarlo.
La evidencia científica es contundente: el cambio climático es consecuencia directa de las actividades humanas, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero derivados del uso de combustibles fósiles, procesos industriales, el cambio de uso de suelo y la ganadería intensiva. La industrialización y el consumismo desenfrenado han incrementado nuestra huella de carbono, liberando grandes cantidades de estos gases a la atmósfera y alterando el ciclo natural del carbono. Los niveles de contaminación aumentan cada año, y Ecuador no es ajeno a esta realidad.
Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Cada uno de nosotros deja una huella a través de sus actividades diarias, pero también todos podemos contribuir a reducirla y compensarla. El escenario es desafiante, pero también está lleno de oportunidades. La transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono puede traer beneficios sociales y económicos, aunque requiere recursos para hacerse realidad. En este sentido, fondos internacionales y la banca local están desarrollando productos financieros que impulsan la acción climática.
Existen mecanismos nacionales e internacionales que certifican la reducción de emisiones, la neutralidad y el carbono cero. El trabajo conjunto entre el sector público y privado puede generar grandes cambios, como lo promueve el mecanismo de Neutralidad Ecuatoriano (PECC). Reducir la preocupante tasa de deforestación es una meta urgente, y para ello es fundamental habilitar en el país mecanismos que permitan generar créditos de carbono (mercado voluntario), facilitando el financiamiento para la conservación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Pasar del discurso a la acción marcará la diferencia entre garantizar o no un futuro sostenible para las próximas generaciones. ¿Quién debe actuar? La respuesta es clara: todos. Desde los hogares, asumiendo un rol activo frente a los residuos que generamos, la energía que consumimos y los productos que elegimos. Las empresas, cuantificando su impacto y desarrollando iniciativas de mitigación y compensación. El sector financiero, adaptando productos para facilitar la transición, y el sector público, promoviendo mecanismos de certificación y beneficios que impulsen este llamado a la acción.
