El agua sigue en riesgo; la consulta minera de Cuenca no basta

El 80% de los votantes en Cuenca decidió abrumadoramente en la consulta popular del domingo pasado que se prohíba la actividad minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.

Los cuatro primeros ríos mencionados vierten en la cuenca amazónica del Atlántico y el último, al Pacífico.

Son los afluentes que dan el nombre a Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, porque atraviesan su zona urbana tras nacer en los páramos de la Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas, que abarca un millón de hectáreas distribuidas en Azuay (59%), Guayas (17%), Cañar (15%) y El Oro (9%).

Es un conjunto de ecosistemas donde ya hay los efectos de la actividad minera. David Fajardo, del colectivo YASunidos y del Cabido por el Agua de Cuenca, fue uno de los que impulsaron la consulta que tuvo un resultado favorable, pero aun con ella reconoce limitaciones.

La moratoria solo es en las zonas de recarga hídrica (páramos) de los cinco ríos mencionados dentro de la jurisdicción de Cuenca, ya que la consulta fue cantonal, no provincial. Es decir, bien puede darse una explotación en los cantones aledaños con las mismas afectaciones al medioambiente, dice Fajardo.

“La Corte Constitucional (CC) en dictámenes previos dispuso que debíamos especificar el tipo de minería, el volumen, si es de pequeña, mediana o gran escala, allí están las limitaciones, pero esto no significa que las consultas no sean eficaces, esto puede generar más bien un conflicto jurídico. Los ecosistemas no conocen de los límites humanos. El páramo recorre a lo largo de todo el país”.

De ahí la urgencia, agrega Fajardo, de desarrollar consultas en el resto de cantones donde hay zonas de recarga hídrica para limitar la actividad minera en estos territorios.

El proyecto minero Loma Larga está donde nacen los ríos Tarqui y Yanuncay. “Una extracción allí implicaría la disminución de la calidad y cantidad de agua que llega a la ciudad de Cuenca”.

La mina Río Blanco, en cambio, está en la naciente del río Norcay, precisa Fajardo: “La minería lo que hace es remover los suelos, lo que altera de forma peligrosa los equilibrios ecológicos de estas zonas, que son los que permiten que exista la funcionalidad de ser fuentes de agua. De ahí la necesidad de proteger estos territorios”.

Los dos proyectos se desarrollan desde la década del noventa. Loma Larga está en la etapa de exploración avanzada, dice Fajardo, por lo que no podría seguir. Lo contrario con Río Blanco, ya en explotación desde antes del domingo.

La CC estableció previamente que los efectos de la consulta no son retroactivos, por lo que la moratoria empieza del 7 de febrero en adelante para proyectos nuevos y los que no están en fase de explotación.

Pero Río Blanco está detenido por una acción de protección a favor de las comunidades. “Está suspendida la explotación de forma indefinida”, recuerda Fajardo.

Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, organización que promovió la consulta popular, considera que en una ordenanza se deben establecer las regulaciones sobre el uso y ocupación del suelo.

“Determinar políticas en las comunidades de altura que están sobre estas áreas sensibles para promover su desarrollo y que estas se integren a servicios comunitarios como la preservación de páramos, bosques, fuentes de agua, guías turísticos por el lugar”. La idea es que sean guardianes de las zonas de recarga hídrica. (I)