El 12 de enero pasado, la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos, más conocida como ley de agua, vigente desde el 2014, así como de su reglamento, aprobado en 2015.

La CC afirmó que la normativa no había pasado por un proceso de consulta prelegislativa. Además, dio un plazo de doce meses al presidente Guillermo Lasso para que remita la propuesta de un nuevo marco legal a la Asamblea Nacional. La actual ley estará vigente hasta que se apruebe la nueva. Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, afirma que ya están organizando todos los procesos consultivos que se necesitan para armar la nueva ley. El funcionario desmiente las acusaciones de ciertos líderes ambientales que afirman que con esta nueva normativa el Gobierno busca privatizar el agua: “Eso es una falacia”.

¿Cómo evitarán que se repitan los errores que se cometieron en la socialización para la aprobación de la ley de agua vigente?

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Tenemos doce meses para presentar una nueva ley a la Asamblea. Respetamos la sentencia de la Corte, por lo que hemos empezado un proceso participativo que consta de tres etapas. La primera será preparatoria y donde hemos analizado el dictamen de la Corte. Esta declaratoria de inconstitucional no se refiere al sentido técnico de ley per se, sino por no haber realizado el proceso de consulta prelegislativa, sobre todo relacionado con pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, no se la socializó de manera correcta.

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La segunda etapa es de construcción participativa, que empezó este mes de marzo y finalizará en septiembre, en la que se implementarán “asambleas del encuentro” para la construcción de esta ley, considerando instituciones de Gobierno, seccionales, comunidades, gremios, sociedad civil. Habrá 38 mesas participativas a nivel nacional en las que no dejaremos a nadie atrás.

Luego está la etapa de los resultados, que será de septiembre a diciembre, en la que el Ministerio del Ambiente analizará, tabulará la información y se enviará a Presidencia para que luego se envíe a la Asamblea.

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Gustavo Manrique, ministro de Ambiente de Ecuador. Foto: Archivo

¿En esta nueva normativa se mantendrán los aspectos básicos de la ley vigente? ¿Se piensa agregar algo más?

Sería un poco prematuro de parte mía decir algo al respecto, porque es la ciudadanía, el pueblo, las comunidades, las nacionalidades los que nos tienen que decir. Sin embargo, me anticipo a decir que con la nueva ley se buscan tres cosas: mejorar la calidad del agua para el consumo humano, simplificación de trámites para el uso del agua y disminuir la contaminación del agua. De esta forma, vamos a asegurar mejorar calidad de agua, que se mantengan los caudales ecológicos y, producto de esto, garantizar agua para parcelas y uso productivo.

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Hay ciertos líderes ambientales que indican que el Gobierno pretende privatizar el agua con esta nueva normativa. ¿Van a agregar algún artículo en este sentido?

Quiero sacar el fantasma de la privatización del agua de una vez por todas. El agua no se puede privatizar, la Constitución lo prohíbe. Estas convocatorias que hacen ciertos llamados “líderes” para hacer marchas, porque supuestamente se va a privatizar el agua, lo que hacen es engañar a nuestros pequeños agricultores, a la gente de campo, y les hacen perder su día de trabajo, tiempo de calidad con su familia. Es una falacia, un engaño que el agua se privatizará.

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Cuando se les van acabando las razones para llamar pantallas y micrófonos, empiezan a engañar y a mentir. Hago un llamado a que no crean este argumento de la privatización.

Usted habla de la importancia de cuidar las fuentes hídricas, y el Ministerio de Ambiente ha venido declarando, en este último tiempo, varias zonas de protección para la conservación de este recurso. En este sentido, ¿cuál es la planificación que ustedes tienen?

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Efectivamente. En este Gobierno hemos crecido en un 300 % solo en la protección de fuentes de agua dulce, y ni hablar de la salada, que solo con Galápagos (creación de la Reserva Hermandad) fueron seis millones de hectáreas. En el caso de fuentes hídricas había 18.000 hectáreas de protección hídrica y ahora tenemos 62.000, y terminaremos en el 2025 con 280.000.

Hay muchas comunidades que no tienen agua potable, y hay gente a la que le llega agua entubada y es la que tienen para consumo humano. Si usted permite que en una fuente hídrica haya, por ejemplo, ganadería, ¿qué pasa con las comunidades que están más abajo? Van a tomar agua con heces fecales. Por eso, hay que hacer una ley que proteja a todos por igual, y no por estar territorialmente más arriba tener prioridad. El de arriba tiene que respetar el volumen de agua que necesita el de abajo.

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Hay 3.841 juntas administradoras de agua potable y 2.606 juntas de riego, y a todas ellas tenemos que escucharlas. No podemos nosotros como Gobierno central decir lo que ellos necesitan. Y juntos construir esta nueva ley para que les llegue calidad y cantidad de agua a todos.

Al día, el ecuatoriano promedio gasta más de 200 litros de agua, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda solo 100. Tenemos uno de los promedios de consumo de agua más alto de Latinoamérica. ¿No cree que la educación y la concientización sobre el uso del agua deben ser un pilar en esta nueva ley?

Nuestro promedio es altísimo. Y la educación es la mayor oportunidad que tenemos para tratar este problema. Estamos en la creación de los lineamientos de escuelas del agua para que aprendamos sobre gobernabilidad, el uso racional del agua, porque no es que necesitamos más agua, sino la cantidad suficiente para tener bienestar y calidad de vida.

Ahora, si hay un grupo poblacional que vive cerca de una zona con mayor recarga hídrica y se consume todo en grandes cultivos, y luego a las ciudades, que son las que se abastecen de las cuencas hídricas, no les llega el agua, vamos a tener un problema importante. La educación será parte fundamental en esta nueva ley.

Es evidente el conflicto que tiene el Ejecutivo con el Legislativo para la aprobación de normativas. ¿Cómo harán para que la nueva ley de agua no quede en el limbo o sea archivada?

La semana pasada me reuní con el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela, y lo que le dije fue que vayamos de la mano levantando los datos, y que no esperen a que terminemos nosotros y le entreguemos una ley para que ellos la empiecen a leer. Le dije que todos estamos buscando lo mismo, que calidad de agua y mayor cantidad del líquido, y por eso lo invité a que nos acompañen en las 38 mesas participativas para escuchar lo mismo e interpretar lo mismo.

En materia de agua, yo no creo que haya corrientes políticas; solo hay la corriente del flujo del agua. No podemos tener diferencias en el manejo del agua. (I)