La advertencia que realizó la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, a través de un comunicado, de que no hay forma legal para que las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) puedan ser removidas, puso en aprietos al sector de asambleístas que apoya a la presidenta Elizabeth Cabezas (AP).

Bonilla, quien está con licencia de maternidad que concluye el 9 de abril próximo, sostuvo que se pretende remover al CAL, acogiéndose al argumento de que el Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de decisión legislativa; lo cual contraría –agregó– el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) de que las autoridades designadas duran dos años en sus funciones.

Y que la única forma de cesar a las autoridades es a través del artículo 18 de la LOFL; por lo tanto, “si lo que buscan es destituirnos, se requiere: la imputación de una falta, el derecho a la defensa, el voto de las 2/3 partes de los asambleístas”.

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La moción de incluir en el orden del día de la sesión No. 505 del miércoles pasado la reestructura del CAL y las comisiones obtuvo 80 votos.

Su proponente Raúl Tello (BIN) anotó que ni en la Constitución ni en la ley se determinan causales para cambiar el CAL y las comisiones; pero que existe una causal suprema que está comprobada que es la falta de acción en legislación y fiscalización desde la Asamblea.

María José Carrión dijo que su bloque AP considera que el CAL debe tener una nueva composición. Que la base legal “está planteada como se hizo con la presidencia de la Asamblea, en vista de que el Pleno es la máxima autoridad. Aquí hay una voluntad mayoritaria de la Asamblea de ir a modificaciones que permitan, en un nuevo momento político, dar respuestas a la ciudadanía”.

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Su excoidearia Soledad Buendía (del grupo autodenominado Revolución Ciudadana) aclaró que ella sigue siendo parte de la bancada de Alianza PAIS, pues estas se conforman máximo cinco días después de instalada la Asamblea. Que se dio la desafiliación del movimiento, pero ella legalmente sigue dentro de la bancada oficialista. Esta postura fue rechazada por Carrión.

Vea también: Soledad Buendía y Viviana Bonilla defienden sus cargos en la Asamblea Nacional

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Esta propuesta de reestructura podría tratarse mañana si Cabezas convoca a reinstalar la sesión No. 505.

Pero ayer ella convocó a que se retome la sesión No. 507, para aprobar en segundo debate el proyecto reformatorio a la Ley de Participación Ciudadana, para aplicar la pregunta 3 del referéndum, relacionada con la forma de elegir a los consejeros vía voto popular.

Aún no hay un acuerdo sobre la fórmula que se aplicará para obtener los candidatos al Consejo definitivo. Está planteado estructurar siete zonas o distritos electorales que deberán ser definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluyendo uno para los ecuatorianos residentes en el exterior. Los bloques esperan que el ente electoral señale si es operativa esa propuesta.

Ximena Peña (AP) dijo que hay propuestas de que a los ecuatorianos residentes en el exterior se los incluya dentro de una de las zonas electorales nacionales, lo cual podría causar distorsión y desmotivación.

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El proyecto además establece requisitos para los aspirantes, pues ese será el filtro para determinar a los candidatos al consejo ciudadano.

Designaciones
Además del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación, la Asamblea tiene designaciones pendientes como la de los consejeros suplentes del Consejo de Participación transitorio; y el secretario y prosecretario de la Función Legislativa.

Interpelación
Está pendiente el trámite del juicio político en contra del fiscal general, Carlos Baca, solicitado con 61 firmas. (I)