Rafael Correa y sus principales colaboradores, investigados en 2018

Un poco más de un año y dos meses después de entregar el poder a Lenín Moreno, al expresidente Rafael Correa se le emitió -el 18 de junio pasado- una orden de prisión preventiva por su relación con el caso del secuestro al exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en 2012. El 7 de noviembre fue llamado a juicio por esta causa.

Este 2018 que termina, significó un año de decisiones judiciales en contra de Correa, quien terminó por confirmar su residencia en Bruselas ante el riesgo de ser apresado si volvía al país.

Según la Fiscalía, en la investigación se obtuvo información de que Correa sería el autor mediato del secuestro, ya que cuando fue presidente de la República, al ser superior inmediato y jefe directo del secretario de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, fue él quien “ordenó la comisión de la infracción”.

Correa se habría valido de mandos jerárquicos de la Senain, como Romero, y de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía (DGI), a cargo de Fausto Tamayo. A su vez estos tenían bajo sus órdenes a los agentes Raúl Chicaiza, Jéssica Falcón y Jorge Espinoza, señalados por los cuatro colombianos que fueron sentenciados en ese país por el secuestro del político ecuatoriano, como quienes los contactaron y contrataron para el ilícito.

Estos dos agentes, además de Romero, quien está en España bajo proceso de extradición, también están involucrados en el caso.

Una de las medidas que solicitó la jueza Daniella Camacho fue una orden de prisión a cargo de Interpol (Policía Internacional), pero ese organismo negó la solicitud. Sin embargo, la magistrada tiene hasta mediados de 2019 para insistir en su pedido.

El 13 de diciembre Balda presentó otra denuncia contra Correa, esta vez por presunto peculado, por haber supuestamente usado fondos públicos (unos 500.000 dólares) para su secuestro en Colombia. También incluyó a los exsecretarios de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo y Pablo Romero; el exministro de Interior, José Serrano, y otros cuatro exfuncionarios públicos.

Serrano, elegido asambleísta en 2017, fue destituido de la Presidencia del Parlamento el 9 de marzo, luego de que circuló un audio en el que se lo escuchaba mientras conversaba con el excontralor Carlos Pólit sobre la posibilidad de sacar del cargo al exfiscal Carlos Baca Mancheno.

Casos de persecución política

Otro tema judicial involucra a Correa. Las acciones de su Gobierno (2007-2017) son analizadas por la Mesa por la Verdad y la Justicia, organismo creado por el Consejo de la Judicatura, que ha recolectado 247 casos de supuestos casos de abuso y persecución judicial, con 493 indicios de faltas cometidas al debido proceso, entre jueces, conjueces y fiscales, cortes provinciales y jueces de primera instancia, de tribunales penales, fiscales provinciales y agentes fiscales.

En este sentido existe también una denuncia de la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Mery Zamora contra Correa y el exfiscal general Galo Chiriboga por los delitos de falsa imputación, fraude procesal, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente.

"Correa durante ocho años me persiguió y desató todo un odio que se configura en un delito contra la mujer (...) Vengo a demostrar cómo Rafael Correa, responsable político, y su principal instrumento Galo Chiriboga me persiguieron con todo el poder del Estado y todo el sistema judicial", dijo Zamora, quien enfrentó un proceso judicial por terrorismo y sabotaje relacionado al caso 30 de septiembre, en el que fue declarada inocente.

La exdirigente aseguró que el objetivo en este proceso es demostrar que cientos de líderes sociales fueron víctimas de un proceso de persecución, de judicialización y criminalización de la protesta social. También busca, según dijo, demostrar que en esta persecución existieron responsables políticos como Correa, a quien lo califica como el que manejaba el poder judicial.

Uso del avión presidencial

Autoridades como el excanciller Ricardo Patiño, el exministro de Economía Fausto Herrera y el exvicepresidente Jorge Glas usaron el avión presidencial sin autorización de la Presidencia, según el informe de Contraloría presentado el 14 de diciembre y que incluye el análisis de 261 vuelos entre enero del 2012 y mayo del 2017.

A esto, Correa contestó que se cumplieron todos los procedimientos y que tal vez hubo algún error de registro.

En agosto y octubre de este año, EL UNIVERSO publicó una serie de reportajes con base en reportes oficiales, en la que se identificaron 255 viajes internacionales de los aviones presidenciales entre enero del 2011 y mayo del 2017.

Correa y Patiño encabezaron 70 viajes cada uno. Mientras que el actual mandatario Lenín Moreno y Glas, como vicepresidentes, dirigieron 23 y 13 viajes, respectivamente.

A bordo de los aviones presidenciales y otra aeronaves públicas, Correa hizo 82 viajes en esos seis años. Recorrió 703.816 kilómetros, lo que equivale a 17 vueltas al mundo.

Los aviones presidenciales hicieron 14 viajes para transportar a delegaciones extranjeras.

El uso de los aviones presidenciales costaron, en promedio, $ 2,7 millones anuales entre 2014 y 2017.

Denuncia por robo

El activista político Fernando Villavicencio presentó el 22 de noviembre una denuncia penal por robo calificado contra 46 funcionarios del Gobierno pasado, entre ellos Correa; el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; y los exsecretarios de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo y Pablo Romero.

Villavicencio sostuvo que en el allanamiento que se realizó a su casa el 26 de diciembre de 2013, el cual sostiene fue ordenado directamente por el exmandatario, se dio un robo de información que mantenía en sus computadoras. Para el activista, la incursión y el robo tuvieron como objetivo evitar que el país conozca datos sobre hechos de corrupción que él mantenía como parte de su labor periodística.

El allanamiento que se realizó a la vivienda de Villavicencio, así como a las oficinas del entonces asambleísta Cléver Jiménez, se dio dentro del proceso penal que se les abrió a ambos por el delito de hackeo y difusión de información reservada, delito por el cual años más tarde fueron declarados inocentes.

En la lista de demandados también están Glas, Chiriboga, Serrano, así como el juez de la Corte Nacional de Justicia que llevó la causa por el supuesto hackeo, Jorge Blum.

En el caso, según el denunciante, existiría evidencia de cómo se utilizó a agentes de la Senain, con una orden de Correa, para hacer el seguimiento y la persecución a él y a Jiménez. También tendría datos de cómo actuaron de forma "coludida" en el allanamiento la Senain, la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) y la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI). (I)