“No hay evidencia y certeza de la veracidad y la propiedad de la información de los valores y montos” que el movimiento Alianza PAIS (AP) recibió como aportes para las campañas electorales del 2013, 2014 y 2017, dineros que debían ser fiscalizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El entrecomillado es una conclusión general de un examen de la Contraloría General, aprobado el 20 de enero de 2020, que alcanzó a las cuentas de campaña de AP para la elección del binomio presidencial Rafael Correa-Jorge Glas, de legisladores nacionales y del exterior del 2013; las del 2014 para las dignidades de alcaldes de Pichincha y Guayas, y para la Prefectura de Pichincha; y la del binomio presidencial Lenín Moreno-Jorge Glas, de asambleístas para la provincia de Pichincha, y, de las circunscripciones del exterior Estados Unidos y Canadá; y la de Asia y Oceanía.

El total de los recursos examinados por el organismo de control es de $3 302 226.

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Según la Contraloría, el CNE no requirió información a las instituciones públicas o privadas, o personas jurídicas para contrastar la que fue entregada por AP.

No se verificó la validez y veracidad de los comprobantes de venta, el origen de los recursos de los aportantes ni la verificación del cumplimiento de la norma para presentar sus cuentas de campaña.

El resultado es que se desconoce la fuente de los recursos de los aportantes.

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Se cita, por ejemplo, que de una muestra de 20 aportantes en la campaña de Moreno-Glas en el 2017, 8 no registraron actividad económica en el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero hicieron aportes que bordearon hasta los $1000 “desconociéndose la fuente de los recursos”. Se detectó que en un solo día (27 de marzo de 2017) se hicieron aportes de entre $20 000 y $5000.

Las cuentas de AP fueron revisadas por el extitular del CNE Juan Pablo Pozo, quien al dejar el cargo hasta fue condecorado por el expresidente Rafael Correa en el 2017.

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Entre las conclusiones, se determinó que la organización política ‘cumplió’ con las reglas del Código de la Democracia en la presentación de las cuentas.

La presidencia del CNE, Diana Atamaint, ratificó esa conclusión en un nuevo informe que se aprobó con los votos de José Cabrera y Esthela Acero, el 20 de diciembre del 2019. En contra votaron Luis Verdesoto y Enrique Pita.

El documento es ahora parte del expediente judicial dentro del caso Sobornos 2012-2016 que investiga la Fiscalía, en el que hay 21 procesados por el delito de cohecho, porque funcionarios públicos habrían solicitado dinero a empresarios a cambio de obras estatales. Los recursos obtenidos habrían servido para gastos de campaña y otros asuntos de AP.

El proceso está en etapa de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Fue la defensa del exvicepresidente Jorge Glas la que solicitó que se incluya el informe del CNE como prueba a su favor. (I)

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