Con votos de cinco consejeros, se pidió la renuncia a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a Christian Cruz, por presuntas inconsistencias en la obtención de su carné de discapacidad en el 2009. Cruz advirtió que no dejará el cargo, hasta que le "demuestren" con documentos que cometió un acto irregular.

Esto, en medio de las denuncias que han salpicado a políticos, funcionarios e involucrados en hechos de corrupción, que se habrían acreditado un carné para acceder a beneficios en materia de impuestos a vehículos y laborales.

La noche de este 22 de julio, en una acalorada plenaria, los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira, en la que se pide a Cruz que renuncie a la consejería. El consejero Francisco Bravo se abstuvo y lo defendió.

La moción aprobada resolvió solicitar "la renuncia inmediata" a la presidencia del CPCCS, y que el expediente se remita a la Fiscalía General, a la Asamblea Nacional y al presidente Lenin Moreno para que se investigue el caso. Y, a la misma Secretaría de Lucha contra la Corrupción del Consejo, que se encuentra investigando la entrega de carnés de discapacidad.

Publicidad

Rivadeneira acusó a su par de "adulterar" documentos y que utilizó su carné para acceder a beneficios tributarios. E incluso, puso en duda el supuesto "golpe en la cabeza" que le habría ocasionado la discapacidad, porque no hay "registros médicos, usted adulteró la documentación", subrayó la vocal.

Uno de los hechos revelados, es que Cruz debía presentarse a una recalificación en el 2010 por un llamado del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), pero no acudió.

De acuerdo a la documentación que se presentó en la plenaria, el Conadis convocó a Cruz el 11 de febrero del 2010 para que se presente a una recalificación de su discapacidad auditiva y visual, determinada en un 81%, pero no había acudido.

En un siguiente oficio del 25 de febrero del 2010, suscrito por Xavier Torres, entonces vicepresidente del Conadis (ahora presidente) se observa que se lo volvió a convocar a que acuda a la recalificación de su discapacidad.

Pero, "ante la no concurrencia, nuevamente el día de hoy, 25 de febrero 2010, se volvió a requerir su presencia en el Conadis, señalando el Sr. Cruz, que se encontraba fuera de la ciudad y que debía resolver una serie de problemas personales y familiares, que le imposibilitaban acudir a la institución, manifestando que vendrá cuando le sea posible".

Fue así que después de diez años, y tras las denuncias de las últimas semanas de la existencia de más de 2400 carnés "fraudulentos", Cruz anunció que pidió al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos que le recalifiquen su discapacidad.

Publicidad

El proceso en el Conadis surgió por una impugnación ciudadana, en el marco del concurso de selección de los miembros del Consejo de Participación en el 2009, que realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cruz fue uno de los postulantes, y se había beneficiado de dos puntos por acción afirmativa por su discapacidad.

La impugnación señalaba la "presunción de la falsedad de los datos, en lo que respecta al porcentaje de discapacidad", presentada por una ciudadana Ana Campaña Sandoval.

Como parte de esa acusación, el exvocal del CNE, Omar Simon pide al Conadis el 11 de febrero del 2010, que le certifique sobre la denuncia de Campaña; y Torres en ese entonces, le respondió que se notificó por "vía telefónica" a Cruz, para que en tres días acuda a su recalificación.

Como no acudió, se le volvió a convocar el 25 de febrero del 2010, pero tampoco asistió a la cita médica, alegando problemas personales.

Entre las inconsistencias, se reveló un oficio del 3 de marzo del 2010 del entonces director de la Fundación Vista para Todos, Diego Nieto enviado a Julio Hinojosa, director ejecutivo del Conadis, en el que le relata que el 26 de octubre del 2009, Cruz adquirió un turno para ser atendido en otorrinolaringología y audiometría.

Al siguiente día, el 27 de octubre, tomó un turno para optometría y recibió un certificado; pero debió asistir a una cita con el oftalmólogo para la valoración clínica. Sin embargo, "el supuesto paciente tomó una cita, y según el registro del profesional oftalmólogo de turno, este paciente no consta, el certificado que presentó esta persona al Conadis se encuentra adulterado".

Se agrega que "se puede desprender que de parte de la persona que supuestamente responde a los nombres de Christian Cruz hubo la mala intención y actuar en dar datos reales en dar una información veraz a los profesionales que le atendieron y adulterar documentos". Se resaltó, que las personas con discapacidad que son enviadas por el Conadis a la Fundación, tienen un tarifario especial, pero Cruz había pagado los valores normales.

Otro documento reseña que un oftalmólogo de Fundación Vista para Todos emitió un documento el 1 de marzo del 2010, en el que determinó que Cruz "no tiene certificado médico emitido por médico oftalmólogo. El certificado que presentó es con sello del optómetra. No tiene sello de especialidad de oftalmología".

Rivadeneira aseguró que un optómetra no puede otorgar un certificado médico para declarar la discapacidad, sino que debe hacerlo un oftalmólogo.

En en esas circunstancias, el 28 de octubre del 2009, el presidente del CPCCS accedió a su carné de persona con discapacidad.

Tras las acusaciones, Cruz respondió que se trataban de denuncias políticas, y para defenderse presentó un video que mostraba documentos recortados de partes específicas, y no se observaba nombres ni firmas de los médicos que habían certificado su condición.

Aseguró que se le inició un juicio por presunta falsificación, pero había sido desestimado y archivado en el 2012, por lo que no existían pruebas de que cometió algún acto irregular.

Rivadeneira increpó que con ese carné Cruz se benefició de dos puntos como acción afirmativa en su participación al concurso de elección del CPCCS en el 2009; de la exoneración de impuestos por un vehículo Toyota Fortuner, por alrededor de $ 2000 desde el 2016, de acuerdo con documentos del Sistema de Rentas Internas (SRI).

Además, la consejera no entendía cómo es que Cruz teniendo una discapacidad del 81% tiene "licencia de conducción tipo E, cuando debería tener F, indicada para personas con discapacidad".

Cruz no aclaró estos cuestionamientos y se mantuvo en argumentar el archivo del juicio.

Tras los debates, la sorpresa en la votación fue la de David Rosero y Javier Dávalos, quienes dieron la mayoría a las tres consejeras para aprobar la resolución de renuncia.

Desafiante, Cruz retomó la sesión, pero Sofía Almeida -que asumió la presidencia en el tratamiento de este punto- trató de evitar que siga la conducción.

Él les advirtió que no renunciará a la presidencia, mientras no le demuestren con documentos que él incurrió en alguna ilegalidad.

Gritos y reclamos de las tres consejeras para que deje la presidencia no le dejaron avanzar con otros puntos del orden del día, y decidió suspenderla por diez minutos.

Sin embargo, la transmisión virtual a través de Youtube salió del aire, y hasta el cierre de esta publicación no se la retomó. (I)