Esta tarde arrancaron, en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico, las comparecencias oficiales sobre el proyecto de Ley de Inversiones y Generación de Empleo, que se debe tratar durante este mes en la Asamblea Nacional. A la primera sesión acudieron las principales autoridades del Gobierno que están promoviendo la aprobación de la ley: Julio José Prado, ministro de Producción; el ministro de Economía, Simón Cueva; el secretario de Asociaciones Público-Privadas, Roberto Salas; y el subsecretario de Gabinete, Francisco Briones. Ellos explicaron los puntos clave de la ley.

El tema de la necesidad de inversión fue presentado por Julio José Prado, quien dio cifras de cómo países vecinos han recibido importantes rubros de inversión extranjera, mientras que Ecuador se mantiene a la cola de ellos. Explicó además cómo funcionarían las zonas francas y zonas especiales de desarrollo: su ubicación, materia de producción y montos de inversión serán de iniciativa privada aprobada por un comité interinstitucional. Las zonas podrán ser uniempresariales y multiempresariales, y pueden versar sobre temas logísticos, industriales y de servicios.

El ministro Cueva se refirió a los cambios en las bolsas de valores y el cambio de institucionalidad en el control del sector, que ahora pasaría a la Superintendencia de Bancos. Habrá más controles a las calificadoras de riesgos. Ratificó que se busca modernizar las bolsas de valores locales y que las bolsas internacionales puedan participar también en el país.

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Roberto Salas, por su parte, hizo un recuento de la ley con respecto a las asociaciones público-privadas (APP) que pueden hacerse sobre temas de servicios. Para Salas, lo importante es que con este modelo se pueden transferir los riesgos al sector privado. También, dijo, se vuelve menos burocrático, pues se disminuyen de 20 a 15 los pasos para crear una APP.

En esta primera instancia, hubo algunas observaciones por parte de los miembros de la Comisión.

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César Rohon, independiente, consideró que la normativa es positiva y dijo que es perfectible. Sin embargo, aclaró que esta ley no está hablando de privatizaciones, sino que se busca realizar delegaciones y asociaciones público-privadas.

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John Vinueza, del movimiento Unión Ecuatoriana, criticó la ley, pues dijo que en la práctica se está privatizando todo. Preguntó si el Colegio Mejía o la Universidad Central se podrían privatizar o delegar. Comentó que la modalidad sandbox (facilidades para fintech) podría ser un semillero para Don Nazas virtuales. Pidió desde ya eliminar el artículo 7, que habla sobre las exenciones para que el presidente delegue en casos excepcionales, porque esto expone al país a confiar en la buena fe de las autoridades. Para Vinueza, se deben generar candados para muchos temas.

Byron Maldonado, asambleísta invitado, ratificó que no se trata de un tema de privatizaciones. Pidió que se profundice en la ley sobre temas de equidad territorial y de energía renovable.

La sesión estuvo presidida por Wilma Andrade, quien pidió que se delegue a un funcionario del Ejecutivo, de manera permanente, a fin de que pueda permanecer en las discusiones todos los días para así absolver sus inquietudes técnicas. Coincidió en que el artículo 7 debe ser repensado. Finalmente, pidió que haya un debate de altura y que no haya comentarios falsos sobre la supuesta privatización de activos.